Personal al servicio del Partido de la Revolución Democrática no pudo ingresar a su centro de trabajo en el Infonavit Pomona de Xalapa, luego que la puerta de acceso del Comité Directivo Estatal amaneció cerrada y con avisos del INE acerca de la pérdida del registro de dicha fuerza política.

En un video compartido en redes sociales, los afectados indicaron que al momento no han recibido una notificación oficial tanto del INE como del OPLE que les indique la desaparición formal del Sol Azteca.

Igual señalaron que los propios dirigentes tampoco han dado información al personal del Partido, e incluso, que han habido atrasos en el pago de las quincenas de los y las trabajadoras

Cabe mencionar que el PRD perdió su registro ante el INE y ante el OPLE luego de no alcanzar el 3 por ciento de la votación en las elecciones del 2 de junio.

Juan Carlos Sánchez Palacios, un hombre de 34 años, fue asesinado el 21 de septiembre durante un operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.

La tragedia no solo se encuentra en la muerte de Juan Carlos, sino en las circunstancias que rodearon su fallecimiento: él intentaba proteger a su esposa y a su bebé del gas lacrimógeno cuando fue abatido por las autoridades.

Los informes oficiales describieron a Juan Carlos como uno de los “civiles agresores” que fueron abatidos durante el enfrentamiento. Sin embargo, sus familiares y amigos rechazan rotundamente estas afirmaciones, insistiendo en que Juan Carlos no era un sicario, sino un hombre trabajador que se esforzaba por su familia hasta el final.

El operativo de las fuerzas armadas, llevado a cabo en el sector Tres Ríos de Culiacán, tenía como objetivo la captura de un alto mando del cártel de Los Chapitos. Según el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el enfrentamiento resultó en la muerte de tres sicarios, un detenido y dos soldados heridos. Sin embargo, en medio de los disparos y explosiones, Juan Carlos Sánchez Palacios fue asesinado mientras intentaba evacuar su hogar, que se encontraba afectado por el gas lacrimógeno.

Las autoridades, en su versión inicial, lo incluyeron en el grupo de agresores. No obstante, sus familiares y vecinos han comenzado una campaña en redes sociales utilizando el hashtag #JusticiaParaJuanCarlos, exigiendo que se limpie su nombre. Aseguran que Juan Carlos no tenía ningún vínculo con el crimen organizado y enfatizan que su único error fue estar en el lugar equivocado mientras intentaba proteger a su familia.

En imágenes compartidas en redes sociales, se puede observar a la esposa y a la hija de Juan Carlos siendo rescatadas por las fuerzas de seguridad, lo que demuestra que la familia se encontraba en medio del operativo, a pesar de no estar involucrados en la situación criminal. “Juan Carlos no era un sicario, era un hombre que solo quería salvar a su familia”, se lee en uno de los mensajes que ha circulado en las plataformas sociales.

El caso de Juan Carlos es solo uno de los muchos que ejemplifican cómo la violencia entre los cárteles y las fuerzas de seguridad afecta a familias inocentes. Culiacán se ha convertido en el epicentro de una ola de enfrentamientos y bloqueos que han paralizado la vida diaria, dejando a la población en un estado de miedo e incertidumbre constante.

Desde la captura de Ismael El Mayo Zambada, las facciones del Cártel de Sinaloa—Los Chapitos y La Mayiza—han intensificado su lucha por el control del territorio. Esta confrontación no solo ha elevado los niveles de violencia, sino que también ha impactado directamente a la población civil, que queda atrapada en medio de los tiroteos, como ocurrió con Juan Carlos y su familia.

Hasta ahora, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la Fiscalía General de la República han emitido comentarios sobre el caso de Juan Carlos. La familia de la víctima demanda que se reconozca su inocencia y se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos.

El nombre de Juan Carlos Sánchez Palacios se suma a la extensa lista de víctimas de una guerra que parece interminable en Sinaloa. Sus seres queridos no se rendirán en su lucha por limpiar su nombre y obtener justicia, mientras la comunidad sigue presenciando cómo la violencia y la impunidad invaden las calles de su ciudad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó un proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF), conveniente al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el artífice de la reforma judicial.

Este lunes la consejera presidente de extracción morenista, Guadalupe Taddei, informó del inició d aun proceso electoral extraordinario, es decir, fuero de temporada de elecciones.

Con esto se busca que la actual plantilla de jueces, ministros y magistrados federales sean cambiados por medio de elección antes del próximo periodo electoral del 2026.

“Nuestros trabajos estarán a la altura de la importancia de esta elección extraordinaria, refrendaremos la capacidad institucional del INE y su eficacia, ya que son el resultado de la labor del personal de nuestras áreas ejecutivas, de las unidades técnicas y de los órganos desconcentrados en los estados de la República Mexicana.

“La elección de las personas ministras, magistradas y juzgadores será auténtica, el INE ya la está organizando en forma certera, objetiva e imparcial”, dijo Guadalupe Taddei.

La reforma al Poder Judicial modificó en total 18 artículos, adiciona seis y deroga diversas fracciones de cinco artículos de la Constitución de México.

Además, establece la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, además de que reduce a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y acorta su periodo de encargo de 15 a 12 a