Nacionales
La serie Timbiriche de VIX y los recursos para disfrazar un abuso
Una niña que supuestamente busca a un adulto. Unos padres cuya presunta ausencia es una excusa para lo ocurrido. Una actriz adulta que sustituye a la intérprete infantil justo cuando la historia aborda el abuso. En la serie Timbiriche, estos recursos favorecen una lectura que debería resultar inadmisible: que Sasha Sokol tuvo alguna responsabilidad en la violencia que sufrió.
Sasha tenía 14 años; Luis de Llano, 39. Ella integraba un grupo infantil y él era un productor con poder sobre su carrera. Además, su responsabilidad ya fue juzgada: en junio de 2025, la Suprema Corte dejó firme la condena civil en contra de Luis de Llano por abuso y daño moral. El caso quedó resuelto judicialmente. La responsabilidad del productor no está por definirse. Está definida y sentenciada por la máxima autoridad en México.
Por eso importa cómo se cuenta esta historia. En su columna “Nada de Sasha sin Sasha”, publicada en Milenio el 17 de octubre, Ricardo Raphael cuestiona que la producción presente a la adolescente como quien busca seducir al adulto. Esa decisión altera el reparto de responsabilidades: coloca la iniciativa en la niña y permite contemplar al productor como alguien que se dejó llevar.
Una adolescente puede experimentar enamoramiento, admiración o curiosidad. Ninguna de esas emociones exime al adulto de su responsabilidad. Mucho menos cuando existe una relación de autoridad profesional. Convertir la disposición afectiva de una menor en explicación del abuso reproduce una de las narrativas que más han servido para justificar la violencia sexual contra menores en nuestro país: ella se lo buscó.
La supuesta ausencia de los padres cumple una función semejante. Desvía la atención de la conducta del productor. Las eventuales omisiones de otros adultos pueden examinarse, pero no disminuyen la responsabilidad del abusador. Tampoco una ficción puede convertirlas, por conveniencia dramática, en verdades sobre una familia real.
El recurso visual es igualmente significativo. Raphael señala que, cuando Sasha cumple 15 años en la serie, Cleo Buscaglia es sustituida por Macarena García, una actriz con 25 años cumplidos. El personaje apenas cumple un año más, pero la pantalla introduce un cambio que puede hacerlo parecer sustancialmente mayor y reducir la percepción de la diferencia de edad respecto del adulto.
El problema no radica en contratar a una actriz adulta para interpretar a una adolescente. Radica en utilizar esa transición de manera que la condición de menor de edad pierda fuerza visual precisamente cuando es indispensable para comprender lo ocurrido. La apariencia de una pareja más cercana en edad puede suavizar aquello que la narración tendría que hacer visible: una profunda desigualdad de poder.
Estos recursos, considerados en conjunto, revictimizan al devolver las preguntas hacia Sasha y familia mientras ofrecen atenuantes narrativos al productor. La niña parece más grande, parece más dispuesta y parece menos protegida. El adulto parece, entonces, menos responsable.
La licencia creativa no basta para responder a ese cuestionamiento. Quienes convierten el abuso sufrido por una persona real en entretenimiento deben hacerse cargo de las interpretaciones que favorecen sus decisiones. Presentar la historia como ficción no elimina esa responsabilidad.
Una producción con el alcance de ViX podría contribuir a reconocer las formas en que el poder y la admiración facilitan el abuso. En cambio, el tratamiento cuestionado reproduce las excusas con las que durante décadas se ha enseñado a las víctimas a sentirse culpables.
Sasha seguía siendo una menor de edad. Ningún cambio de actriz ni recurso de guion debería servir para hacer menos evidente la responsabilidad de quien abusó de ella.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
Nacionales
SRE pagó 646 mil pesos por mudanza de López-Gatell a Suiza
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pagó 646 mil pesos por la mudanza de Hugo López-Gatell a Ginebra, Suiza, incluido el traslado de su Peugeot 3008 modelo 2024, según información obtenida por Latinus mediante solicitudes de transparencia.
El exsubsecretario de Salud asumió en agosto de 2025 funciones como encargado de los asuntos de salud en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con rango de ministro.
De acuerdo con el reportaje de Mauricio Rubí, el funcionario también recibe aproximadamente 32 mil pesos mensuales de apoyo para renta y cuenta con seguro de gastos médicos mayores para él y su familia.
La publicación señala que el traslado del menaje de casa forma parte de las prestaciones para integrantes del Servicio Exterior Mexicano y funcionarios destinados a representaciones en el extranjero. En este caso, el gasto incluyó también su automóvil, cuyo valor de adquisición reportado fue de 600 mil pesos.
Sueldo estimado y dudas sobre el domicilio laboral
La Cancillería no entregó los recibos de pago de López-Gatell ni precisó su remuneración exacta. En respuesta a la solicitud, remitió a un tabulador actualizado por última vez en agosto de 2022.
Ese documento establece 10 mil 365 euros mensuales para el rango de ministro, equivalentes a unos 215 mil pesos, según la conversión utilizada por el medio. Con esa referencia, la remuneración rondaría 2.5 millones de pesos anuales, sin aguinaldo ni prima vacacional.
Se trata de una estimación basada en el tabulador, no de un monto acreditado mediante recibos actuales.
El reportaje también identificó una diferencia en su declaración patrimonial de 2026: López-Gatell registró como lugar de trabajo una dirección distinta a la sede de la Misión Permanente.
Según la respuesta de transparencia citada, la SRE manifestó desconocer ese domicilio. Latinus lo ubicó en un complejo habitacional donde, de acuerdo con su investigación, no están permitidas oficinas.
Nacionales
Sancionan a funcionarios del Banco del Bienestar por daño de 380 mdp
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó a cuatro personas que ocuparon cargos en el Banco del Bienestar por irregularidades relacionadas con un daño patrimonial de 380 millones de pesos, derivado de pagos indebidos a un consorcio contratado para revisar inmuebles de sus sucursales.
De acuerdo con información de Reforma, retomada por Político MX, la Primera Sala en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves impuso inhabilitaciones de hasta 15 años y ordenó el resarcimiento de recursos.
Yuliet Luis Reyes, exgerente de Administración Inmobiliaria, recibió una inhabilitación de 15 años y la obligación de pagar 380 millones de pesos. El tribunal determinó que intervino en 21 pagos cuestionados y modificó condiciones de los entregables sin facultades para hacerlo.
A Alberto Medina Zamudio, exdirector de Recursos Materiales, se le impusieron 10 años de inhabilitación y la restitución de 347 millones de pesos. La resolución señala que omitió verificar las obligaciones contractuales que sustentaron 20 pagos entre agosto y diciembre de 2021.
Faustino Ramírez Zenteno, exsubdirector de Adquisiciones, fue inhabilitado por 10 años y deberá pagar 32.9 millones de pesos.
En el caso de Nayeli Aguilar Pineda, identificada como gerente de Pagos y Conciliaciones, el tribunal ordenó su destitución e inhabilitación por tres meses.
¿Qué irregularidades detectaron en el contrato?
El contrato, adjudicado en mayo de 2021 a Promotora de Infraestructura IMM y Urba Ingeniería, contemplaba hasta 496 millones de pesos para verificar la situación física de los predios destinados a 2 mil 750 sucursales.
Una auditoría del Órgano Interno de Control, iniciada en abril de 2024, detectó información faltante o errónea. Pese a ello, se modificaron requisitos, se autorizaron pagos y no se aplicaron penalizaciones.
Por separado, al cierre de 2025, el auditor externo reportó documentos para acreditar la propiedad de únicamente 580 de los 2 mil 750 predios.
La sentencia no es definitiva: las personas sancionadas pueden apelar ante la Sala Superior del TFJA.
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