La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas al Impuesto sobre la Renta (ISR), con 349 votos a favor y 119 en contra. La iniciativa contempla cambios fiscales para las empresas y nuevas medidas contra el comercio ilegal de combustibles.

Entre las modificaciones destacan las restricciones a las deducciones fiscales empresariales y la eliminación del régimen de consolidación fiscal. Además, se incorporan disposiciones para rastrear la comercialización de combustibles y combatir el huachicol.

¿Qué cambios contempla la reforma al ISR?

Las modificaciones aprobadas incluyen tres puntos principales:

• Deducciones fiscales: se establecen restricciones a los conceptos que las empresas pueden deducir.
• Consolidación fiscal: se elimina este régimen, utilizado por grupos empresariales para efectos del cálculo de impuestos.
• Combate al huachicol: se incorporan medidas para fortalecer el rastreo de la comercialización de combustibles.

Estos cambios forman parte de las disposiciones fiscales que buscan modificar los mecanismos de tributación y reforzar la vigilancia sobre las operaciones relacionadas con los hidrocarburos.

¿Cuándo continuará la discusión?

Después de la votación en lo general, la Cámara de Diputados decretó un receso. La sesión se reanudará mañana a las 09:00 horas para continuar con el proceso legislativo.

El avance de la reforma deberá seguirse conforme se desarrollen las siguientes etapas de discusión y votación. También será importante conocer el texto definitivo para identificar el alcance de las disposiciones aprobadas y su aplicación.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, con 331 votos a favor de Morena y sus aliados y 118 en contra, con lo que autorizó al Gobierno federal contratar hasta 1.7 billones de pesos de deuda interna y 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa, equivalentes en conjunto a aproximadamente 1.94 billones de pesos.

Con estas autorizaciones, el Paquete Económico proyecta que la deuda pública, en su medición más amplia, cierre 2027 en 21.66 billones de pesos. Aunque los montos aprobados representan límites de financiamiento y no obligan al Gobierno a contratar la totalidad, establecen el margen legal para obtener esos recursos.

En este contexto, la diputada de Morena Dolores Padierna reconoció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recurrió al endeudamiento para financiar obras emblemáticas de la llamada Cuarta Transformación, entre ellas la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, a las que calificó como inversiones productivas.

El reconocimiento contrasta con el discurso que López Obrador sostuvo durante su administración, cuando rechazó reiteradamente las acusaciones de que su gobierno endeudaba al país. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha defendido el manejo de las finanzas públicas de la 4T, pese a que los nuevos paquetes económicos contemplan importantes necesidades de financiamiento.

Los proyectos mencionados registraron incrementos considerables en sus costos. Dos Bocas pasó de una estimación inicial de aproximadamente 8 mil millones de dólares a más de 21 mil millones, mientras que el Tren Maya aumentó de una proyección cercana a 120 mil millones de pesos a más de 500 mil millones.

La rentabilidad de ambas obras también está bajo escrutinio. Dos Bocas ha enfrentado cuestionamientos por su nivel de operación y el Tren Maya tiene como objetivo alcanzar su punto de equilibrio financiero hasta 2032, de acuerdo con las proyecciones gubernamentales. Estos factores siguen poniendo en duda la inversión de recursos públicos para sostener los proyectos y los beneficios económicos que generarán.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acusaron presuntas irregularidades en la consulta sindical para validar un aumento global de 6.8 por ciento y exigieron la anulación de los acuerdos pactados, así como la destitución de su representación sindical.

De acuerdo con los inconformes, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) convocó a una votación para validar el incremento salarial, que contempla un 2.9 por ciento directo al salario y 3.9 por ciento en prestaciones. Sin embargo, señalaron que el proceso no cuenta con el respaldo de una parte de los trabajadores sindicalizados.

Los denunciantes acusaron a la representación sindical de cometer presuntas irregularidades en el proceso de votación, entre ellas la imposición de integrantes de las mesas receptoras de sufragios. Afirmaron que estas acciones podrían afectar la transparencia de la consulta y favorecer la aprobación de un acuerdo que consideran ilegal.

Pese a los señalamientos, los trabajadores aseguraron que acudieron a emitir su voto y designaron a representantes que, según indicaron, fueron elegidos legítimamente para vigilar la transparencia de la consulta sindical.

Ante esta situación, los inconformes reiteraron su exigencia de anular los acuerdos y destituir a la dirigencia sindical, al considerar que el procedimiento no garantiza una decisión respaldada por la base trabajadora.