La Fiscalía General de la República formuló imputación este jueves contra Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante una audiencia privada celebrada por videoconferencia desde la FEMDO.

La diligencia judicial se desahogó este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo estrictas medidas de reserva solicitadas por el ministerio público federal.

La audiencia inicial se desarrolló de manera remota desde la FEMDO para evitar el traslado físico del presunto lugarteniente a un penal de máxima seguridad.

El juez Mario Elizondo Martínez presidió de forma presencial la sala de audiencias, mientras que el imputado, su equipo legal integrado por seis abogados y los representantes de la Fiscalía General de la República permanecieron conectados mediante enlace digital desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ubicadas en la Ciudad de México. Esta modalidad operativa se instrumentó para resguardar la secrecía de las indagatorias tras su captura ejecutada el pasado 6 de octubre, impidiendo hasta el momento su ingreso formal al penal del Altiplano.

La representación social sustentó la privacidad del proceso con base en disposiciones constitucionales sobre delincuencia organizada y datos sensibles.

Durante la comparecencia, las autoridades federales argumentaron que el marco legal mexicano faculta la reserva total en expedientes vinculados a estructuras criminales complejas, debido a que en los registros constan nombres de otros coacusados, domicilios estratégicos y esquemas de operación que podrían comprometer líneas de investigación en curso. Los fiscales imputaron formalmente a Iván Cazarín Molina por los ilícitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, además de portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Los reportes de inteligencia ubican al imputado como un operador central del Cártel Jalisco Nueva Generación y le atribuyen ataques armados y redes financieras ilícitas.

Los expedientes gubernamentales señalan que El Tanque participó directamente en el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana perpetrado en Villa Purificación, Jalisco, durante 2015, evento que dejó un saldo trágico de nueve soldados fallecidos cuando realizaban labores operativas para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Asimismo, las pesquisas ministeriales documentan su participación en la coordinación de lavado de dinero, huachicol, trasiego de sustancias ilícitas y cooptación de estructuras de seguridad en entidades como Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Puebla.

Las indagatorias ministeriales y periodísticas apuntan a presuntos vínculos financieros y políticos con redes de corrupción vinculadas al sexenio anterior.

Pese a los señalamientos de inteligencia que lo relacionaban con la protección a las redes de Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado por presuntos actos de corrupción durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades ministeriales no han confirmado si se le formularán cargos adicionales por dichos nexos. Investigaciones difundidas por organizaciones civiles y medios periodísticos en 2024 revelaron grabaciones donde familiares del empresario presumían cercanía con El Tanque para inhibir extorsiones, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detectó conexiones del operador criminal con el grupo La Barredora en Tabasco bajo la gestión del exsecretario Hernán Bermúdez Requena.

Ha sido señalado de tener vínculos con José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, a quien identificó como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Fue detenido en Zapopan, Jalisco.

«El Tanque» ha sido señalado en reportes periodísticos de opinión y columnas políticas locales (como las de la periodista Claudia Guerrero Martínez) por presuntos vínculos con José Luis Peña Peña, esposo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Sin embargo, en los informes, comunicados oficiales del Gobierno Federal (encabezados por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch) y las investigaciones formales difundidas tras su detención el 6 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, no existe ninguna acusación o imputación penal formalizada por la Fiscalía que ligue jurídicamente a José Luis Peña Peña con el criminal.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, la detención fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

Harfuch dio a conocer que, de acuerdo con investigaciones, El Tanque es vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco en el 2015, hecho en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

El sujeto fue detenido en flagrancia y se le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del circulo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por lo que hubo intercambio de información con la DEA.

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En un golpe contundente contra las finanzas de la delincuencia organizada, elementos de las Fuerzas Especiales de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), derivados de labores de inteligencia militar, ejecutaron 19 cateos simultáneos en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

El operativo dejó como saldo la detención de tres personas, entre ellas Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, señalado por las autoridades como el principal operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo, además de estar fuertemente vinculado con una red transnacional dedicada al contrabando ilegal de hidrocarburos (huachicol). El imputado ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un aseguramiento histórico contra el crimen organizado

Las autoridades federales informaron que, durante la intervención simultánea en los 19 inmuebles, se logró incautar un impresionante arsenal logístico y financiero utilizado para el blanqueo de capitales y el tráfico de combustible:

• Inmuebles y transporte pesado: 13 inmuebles, 84 tractocamiones, 107 remolques tipo cisterna, 50 vehículos particulares, 49 camiones recolectores y motocicletas.
• Infraestructura de distribución: 11 bombas despachadoras y 4 tanques de almacenamiento.
• Combustible e ilegalidades: Aproximadamente 500 mil litros de hidrocarburo asegurados, además de dosis de metanfetamina, cartuchos útiles y dinero en efectivo.
• Transporte aéreo: Dos aeronaves vinculadas a las operaciones ilícitas de la red.

Estrategia nacional de seguridad

Este despliegue responde directamente a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo las cuales el Gabinete de Seguridad mantiene una directriz permanente orientada a combatir de raíz el mercado ilícito de combustibles. El objetivo central de estas acciones es asestar golpes financieros directos a las organizaciones criminales, neutralizando sus fuentes de ingresos y llevando ante la justicia a los principales operadores de estas redes delictivas.