La alianza entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) enfrenta nuevas tensiones rumbo a las elecciones de 2027, pues el dirigente nacional petista Alberto Anaya dejó abierta la posibilidad de que su partido compita por separado en algunas entidades, al tiempo que acusó a Morena de haber desplazado sus candidaturas hacia el centro y la centroderecha por presiones de Estados Unidos.

El señalamiento ocurre después de semanas de desacuerdos por la selección de los coordinadores de Morena que eventualmente serán sus candidatos a las gubernaturas de 17 estados.

El PT sostiene que no fueron respetados los acuerdos sobre las encuestas y reclama una mayor participación de sus propios perfiles en la definición de candidaturas.

Anaya fue más allá al afirmar que existe una “presión” estadounidense para provocar un corrimiento político hacia la derecha y que esa influencia habría alcanzado el proceso interno de Morena.

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y al asunto directo. Ve a los personajes, velos. La presión norteamericana es más fuerte de lo que nosotros pensamos”, afirmó.

El conflicto también expone una contradicción dentro de la propia coalición. Mientras el PT insiste en que sería deseable mantener una alianza total con Morena y el PVEM, Anaya reconoce que no observa voluntad suficiente para concretarla y advierte que su partido tiene capacidad para competir por cuenta propia. En el caso de Zacatecas, incluso señaló que el PT analiza presentar candidato propio.

La disputa, por tanto, no se reduce a una diferencia ideológica. También está en juego quién decide las candidaturas, cuánto peso conserva cada partido dentro de la 4T y qué tan sólida llegará la coalición a 2027. El PT mantiene abierta la puerta a Morena, pero sus reclamos muestran que la unidad electoral que pretende el oficialismo todavía depende de resolver las diferencias sobre candidaturas y estrategia política.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que recibirá al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, en Palacio Nacional.

«Viene hoy porque tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos», confirmó la titular del Ejecutivo la mañana de este jueves.

Su encuentro tiene lugar luego de que el lunes 5 de octubre, Sheinbaum Pardo le solicitó al funcionario norteamericano explicar su presencia en una actividad del Gobierno de Querétaro.

Recordar que Ronald Johnson acompañó al Gobernador Mauricio Kuri a colocar la primera piedra de una academia policial en la entidad y la presidenta criticó que no se haya avisado a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El encuentro también tiene lugar en medio de las tensiones provocadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó a Johnson como «policía entrometido» en su más reciente libro titulado Pueblo.

La organización Oceana denunció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evade su obligación como instancia reguladora al deslindarse de los peligros ecológicos derivados de la extracción de hidrocarburos en aguas profundas proyectada por la administración federal.

La organización Oceana lanzó un severo cuestionamiento contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por eludir su mandato legal como máxima autoridad ecológica frente a las amenazas que representa la explotación de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, especialmente ante las directrices del gobierno federal orientadas a intensificar la actividad petrolera en la región.

El choque institucional se desató durante la comparecencia de la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, ante la Cámara de Diputados, un ejercicio legislativo enmarcado en la glosa del segundo informe de gobierno donde se debatió el rol del Estado mexicano en la salvaguarda del patrimonio natural.

El deslinde oficial en la Cámara de Diputados

Durante la comparecencia legislativa, la titular de la Semarnat desvió los cuestionamientos sobre extracción en aguas profundas hacia Petróleos Mexicanos.

Ante los cuestionamientos directos de legisladores sobre los peligros ecológicos implícitos en la perforación marina de gran profundidad, la funcionaria federal argumentó que tales interrogantes debían canalizarse de manera exclusiva hacia Petróleos Mexicanos, una postura que generó fricción inmediata con los observadores de la sociedad civil debido a la implicación de que la dependencia encargada de la preservación declinaba su facultad de fiscalización.

La respuesta oficial fue interpretada por los analistas del sector como una fractura en el andamiaje de contrapeso institucional, ya que exime preventivamente al operador industrial de someterse al escrutinio estricto de la autoridad facultada para otorgar o negar los permisos de viabilidad ecológica.

La contradicción técnica en el modelo de evaluación

La dirección ejecutiva de Oceana advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente renuncia a su función primordial al delegar la evaluación de riesgos en la misma empresa extractiva.

Para la organización no gubernamental, la postura expresada por la administración federal representa una contradicción frontal con las atribuciones constitucionales y legales de la institución, cuyo mandato consiste precisamente en ponderar de forma independiente los daños potenciales antes de autorizar cualquier intervención en los ecosistemas marinos.

Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, aseveró que el discurso oficial de salvaguarda ecológica pierde sustento operativo cuando la dependencia encargada de la materia se niega a fijar una postura técnica vinculante sobre maniobras industriales de alta peligrosidad.

La crítica puntualizó que Pemex carece de facultades legales y de la imparcialidad necesaria para dictaminar por cuenta propia el dimensionamiento de los daños que sus propios proyectos provocan en el entorno natural, un vacío que la autoridad ambiental está obligada por ley a cubrir mediante dictámenes periciales independientes.

La simulación del extractivismo al ambientalismo

El análisis crítico expuso la contradicción presupuestal entre el discurso oficial de transición ecológica y la asignación prioritaria de recursos a los combustibles fósiles.

El posicionamiento de la organización civil también cuestionó la narrativa oficial emitida por Alicia Bárcena, quien aseguró que el país transita de un modelo de economía extractivista hacia una política de carácter ambientalista humanista, una definición calificada como incompatible con la realidad financiera del sector energético.

Oceana documentó que esa definición conceptual colapsa frente a una directriz gubernamental que mantiene la prioridad presupuestal en favor de los combustibles fósiles y que simultáneamente impulsa nuevos frentes de extracción de hidrocarburos en zonas marinas sensibles.

La falta de una postura clara y sustentada técnicamente por parte de la dependencia federal frente a uno de los retos ecológicos más graves del territorio nacional evidencia un déficit de gobernanza ambiental que compromete la estabilidad a largo plazo de los litorales mexicanos.