Las revisiones realizadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) al ejercicio de recursos públicos de 2025 dejaron observaciones por al menos 5 mil 639 millones de pesos, con irregularidades que abarcan programas de becas, infraestructura, agua potable, adquisiciones y operaciones de distintas dependencias federales.

Entre los casos señalados se encuentra el programa de becas Benito Juárez, donde la auditoría identificó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población, correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.

La revisión también encontró inconsistencias en la operación de las tarjetas del Banco del Bienestar. Durante 2024 no fueron entregadas 95 mil 960 tarjetas, aunque 94 mil 251 figuraban como activas. Además, se dispersaron 8.6 millones de pesos a mil 78 cuentas en esas condiciones. A ello se sumaron otros 8.5 millones de pesos entregados a mil 376 alumnos de planteles no considerados prioritarios.

Fuera del programa de becas, uno de los mayores montos observados corresponde a recursos federales transferidos a los estados. La SABG reportó 48 observaciones por mil 602 millones de pesos, entre las que destacan 751.4 millones destinados a infraestructura hospitalaria y 716.5 millones relacionados con agua potable, debido a conceptos como recursos sin comprobar, falta de aportaciones estatales y deficiencias en obras.

La obra pública federal acumuló otros 979.5 millones de pesos observados en 161 hallazgos. De ese monto, se identificaron 31 casos de pagos en exceso y 25 obras que fueron pagadas pese a no haber sido ejecutadas. En adquisiciones, las observaciones ascendieron a 259.5 millones de pesos, principalmente por penas convencionales que correspondía aplicar.

También fueron detectados casos en organismos específicos. En el Instituto Nacional de Migración, fallas de supervisión derivaron en ingresos por 537.6 millones de pesos no reportados o enterados fuera de plazo. En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México se identificó un posible daño patrimonial de 419.5 millones, mientras que el Centro Nacional de Control de Energía utilizó 295.7 millones de sus disponibilidades financieras para gasto corriente sin autorización de Hacienda, según el informe.

La autoridad reportó avances en la recuperación de recursos. En programas federalizados fueron reintegrados 968.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación; además, se recuperaron 70.4 millones en obra pública. En el caso del INM, 284.1 millones fueron enterados a la Tesorería y otros 399.6 millones se remitieron al SAT como créditos fiscales.

La SABG precisó que las cantidades observadas no representan necesariamente daños patrimoniales definitivos, debido a que algunas irregularidades todavía pueden encontrarse en proceso de aclaración o bajo análisis de las autoridades competentes. El informe refleja, por tanto, observaciones de auditoría pendientes de solventar y determinar responsabilidades.

La organización Oceana denunció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evade su obligación como instancia reguladora al deslindarse de los peligros ecológicos derivados de la extracción de hidrocarburos en aguas profundas proyectada por la administración federal.

La organización Oceana lanzó un severo cuestionamiento contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por eludir su mandato legal como máxima autoridad ecológica frente a las amenazas que representa la explotación de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, especialmente ante las directrices del gobierno federal orientadas a intensificar la actividad petrolera en la región.

El choque institucional se desató durante la comparecencia de la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, ante la Cámara de Diputados, un ejercicio legislativo enmarcado en la glosa del segundo informe de gobierno donde se debatió el rol del Estado mexicano en la salvaguarda del patrimonio natural.

El deslinde oficial en la Cámara de Diputados

Durante la comparecencia legislativa, la titular de la Semarnat desvió los cuestionamientos sobre extracción en aguas profundas hacia Petróleos Mexicanos.

Ante los cuestionamientos directos de legisladores sobre los peligros ecológicos implícitos en la perforación marina de gran profundidad, la funcionaria federal argumentó que tales interrogantes debían canalizarse de manera exclusiva hacia Petróleos Mexicanos, una postura que generó fricción inmediata con los observadores de la sociedad civil debido a la implicación de que la dependencia encargada de la preservación declinaba su facultad de fiscalización.

La respuesta oficial fue interpretada por los analistas del sector como una fractura en el andamiaje de contrapeso institucional, ya que exime preventivamente al operador industrial de someterse al escrutinio estricto de la autoridad facultada para otorgar o negar los permisos de viabilidad ecológica.

La contradicción técnica en el modelo de evaluación

La dirección ejecutiva de Oceana advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente renuncia a su función primordial al delegar la evaluación de riesgos en la misma empresa extractiva.

Para la organización no gubernamental, la postura expresada por la administración federal representa una contradicción frontal con las atribuciones constitucionales y legales de la institución, cuyo mandato consiste precisamente en ponderar de forma independiente los daños potenciales antes de autorizar cualquier intervención en los ecosistemas marinos.

Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, aseveró que el discurso oficial de salvaguarda ecológica pierde sustento operativo cuando la dependencia encargada de la materia se niega a fijar una postura técnica vinculante sobre maniobras industriales de alta peligrosidad.

La crítica puntualizó que Pemex carece de facultades legales y de la imparcialidad necesaria para dictaminar por cuenta propia el dimensionamiento de los daños que sus propios proyectos provocan en el entorno natural, un vacío que la autoridad ambiental está obligada por ley a cubrir mediante dictámenes periciales independientes.

La simulación del extractivismo al ambientalismo

El análisis crítico expuso la contradicción presupuestal entre el discurso oficial de transición ecológica y la asignación prioritaria de recursos a los combustibles fósiles.

El posicionamiento de la organización civil también cuestionó la narrativa oficial emitida por Alicia Bárcena, quien aseguró que el país transita de un modelo de economía extractivista hacia una política de carácter ambientalista humanista, una definición calificada como incompatible con la realidad financiera del sector energético.

Oceana documentó que esa definición conceptual colapsa frente a una directriz gubernamental que mantiene la prioridad presupuestal en favor de los combustibles fósiles y que simultáneamente impulsa nuevos frentes de extracción de hidrocarburos en zonas marinas sensibles.

La falta de una postura clara y sustentada técnicamente por parte de la dependencia federal frente a uno de los retos ecológicos más graves del territorio nacional evidencia un déficit de gobernanza ambiental que compromete la estabilidad a largo plazo de los litorales mexicanos.

La institución retomó operaciones en 300 sucursales y anunció citas en línea, nuevos horarios y apoyos para clientes afectados.

El Nacional Monte de Piedad reanudó sus operaciones este miércoles en 300 sucursales del país, después de permanecer 370 días con sus actividades paralizadas por una huelga.

Desde temprana hora, usuarios acudieron a la sucursal matriz del Centro Histórico de la Ciudad de México para conocer la situación de sus prendas y pagos pendientes.

La reapertura se concretó luego del acuerdo alcanzado el 30 de septiembre entre la institución y su sindicato, mediante un dictamen integral presentado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Con el regreso a las actividades, los clientes pueden nuevamente empeñar, pagar, refrendar, desempeñar prendas o solicitar información sobre sus contratos.

Ante la afluencia prevista, la institución habilitó un sistema de citas por internet en montepiedad.com.mx/cita-sucursal, con el objetivo de ordenar la atención en ventanilla.

Para registrar la cita, los usuarios deben proporcionar su nombre y número celular, validar su identidad mediante un código enviado por WhatsApp, seleccionar sucursal y horario, y guardar el folio generado al concluir el registro.

Citas, horarios y requisitos

Para recibir atención presencial, se debe presentar una identificación oficial vigente, el folio de confirmación impreso o en el teléfono y, cuando corresponda, el número de contrato, la boleta de empeño y los documentos relacionados con la operación.

La cita es personal e intransferible, por lo que cada usuario deberá acudir con sus propios datos y documentos para evitar contratiempos en el trámite.

Las sucursales operarán de lunes a viernes de las 8:30 a las 17:00 horas y los sábados de las 9:00 a las 14:00.

Antes de acudir, se recomienda consultar en la página de la institución el estado del contrato y las nuevas fechas límite de pago y comercialización, debido a que algunos plazos fueron modificados durante la suspensión.

Entre las medidas anunciadas para los clientes afectados figura un periodo de 45 días naturales sin cobro de intereses, contado desde el 7 de octubre, además de descuentos personalizados sobre los intereses acumulados.

También se contemplan alternativas de refrendo o desempeño extemporáneo para determinados contratos vencidos, como parte de las medidas aplicadas tras la huelga.

Respecto a los descuentos, personal consultado por medios comentó que podrían oscilar entre 45 y 75 %, dependiendo de la antigüedad y las condiciones de cada operación.

La institución aseguró que las prendas permanecieron resguardadas durante la huelga, aunque personal de la sucursal matriz reconoció que algunos aparatos electrónicos con baterías pudieron sufrir afectaciones por el tiempo transcurrido.

En esos casos, señaló, existe un mecanismo para revisar cada situación particular y determinar el estado de los objetos empeñados.