El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a agencias de inteligencia y al Departamento de Justicia de Estados Unidos de fabricar expedientes con pruebas falsas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

A través de su nuevo libro titulado Pueblo, el exmandatario afirmó que las señalamientos por presuntos vínculos con sobornos del narcotráfico forman parte de una estrategia de desprestigio e intromisión promovida desde Washington. López Obrador respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a lo que calificó como una campaña de manipulación mediática y política.

Acusaciones de intromisión y uso de testigos protegidos

En su texto, el exjefe del Ejecutivo señaló que las autoridades estadounidenses aplican un esquema recurrente basado en filtraciones, acusaciones sin sustento y la negociación con testigos protegidos. Aseguró que las agencias norteamericanas elaboran guiones dirigidos para presionar a procesados a cambio de beneficios penales en juicios federales.

López Obrador sostuvo que estas acciones responden a intereses político-electorales dentro de Estados Unidos. Según su postura, las agencias buscan responsabilizar a las autoridades mexicanas de la crisis de consumo de drogas que enfrenta la población estadounidense.

El exmandatario enfatizó que el manejo publicitario en medios internacionales busca influir en la opinión pública mediante narrativas alarmistas. Calificó de facciosa la cobertura informativa sobre la entidad sinaloense y la actuación de sus funcionarios públicos.

Respaldan postura del Gobierno Federal ante presiones externas

Respecto a la relación bilateral, el expresidente respaldó las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para encarar los señalamientos procedentes de Washington. Afirmó que la administración federal actúa con firmeza en la defensa de la soberanía nacional contra cualquier intento de chantaje político.

Las declaraciones vertidas en la publicación abordan la tensión diplomática derivada de investigaciones de agencias extranjeras en territorio mexicano. La defensa a favor de los servidores públicos de Sinaloa ocurre en un contexto de constantes señalamientos sobre la seguridad en la región.

El pronunciamiento del exmandatario se suma al debate sobre los límites de la cooperación en materia de justicia y combate al crimen organizado entre ambos países. Se espera que las autoridades del Departamento de Justicia mantengan los cauces institucionales en sus investigaciones en curso.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila ejecutó un cateo en el domicilio de los hermanos Carlos y David, conocidos como Los Cuates, tras su vinculación a proceso por el ataque armado en una secundaria de Torreón.

El proceso judicial y la gravedad de las imputaciones

Un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria contra los imputados.

Las autoridades ministeriales intensificaron las diligencias en el inmueble vinculado a los agresores con el propósito de recortes indicios que fortalezcan la indagatoria. Los hermanos Carlos y David enfrentan acusaciones formales por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa con agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña. El ataque perpetrado el pasado 1 de octubre en la secundaria General 13, situada en el ejido La Unión, cobró la vida de la subdirectora Neri Edith, cuyos funerales se realizaron el fin de semana posterior a los hechos.

La agresión también dejó un saldo de cuatro personas lesionadas de gravedad, entre docentes y alumnos de la institución educativa. La estudiante de bachillerato Romina, de 17 años, recibió el alta médica tras convalecientes de sus heridas, mientras que el profesor Gerardo reporta un estado de salud estable bajo supervisión médica. En contraste, el docente Ricardo permanece bajo estricta observación clínica y el estudiante Alexis requirió una intervención quirúrgica compleja para la reconstrucción de su mano, por lo que continúa internado en terapia intensiva.

La postura institucional del gobierno estatal y las posibles sanciones

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anticipó que la Fiscalía y el Poder Judicial buscarán una sentencia de hasta sesenta años de prisión para los acusados.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que la carpeta de investigación se robustecerá con los indicios recabados durante las recientes inspecciones ministeriales y las periciales técnicas correspondientes. Las instancias judiciales analizan los elementos de prueba para asegurar que el juicio final derive en la pena máxima permitida para los ilícitos cometidos dentro del plantel educativo. Paralelamente, el gobierno estatal implementó esquemas de acompañamiento psicológico y social dirigidos tanto a los deudos de las víctimas como a los habitantes del ejido La Unión. Las acciones institucionales contemplan el reforzamiento de los programas de prevención del delito, educación y salud mental aplicados en la entidad desde los periodos previos.

Las declaraciones del entorno familiar ante la indagatoria ministerial

Maribel Alvarado, madre de los imputados, declaró que desconocía las actividades que sus hijos realizaban antes de perpetrar el atentado en el centro escolar.

Durante una entrevista concedida a un medio local, la madre de los jóvenes afirmó que los señalados le notificaron que saldrían a repartir solicitudes de empleo el día del atentado. La mujer aseguró que permaneció dormida durante la salida de los hermanos y que conoció sobre la tragedia y la posterior captura a través de su propia hermana. Asimismo, enfatizó que mantendrá el respaldo familiar hacia los detenidos a pesar de la gravedad de los señalamientos formulados por la representación social. Los antecedentes y las interacciones digitales de los exalumnos son examinados por los peritos para determinar posibles motivaciones o redes de complicidad detrás del suceso.

(Con información de Aristegui Noticias)