#Columna

Por Héctor de Mauleón para El Universal
@hdemauleon

La información llegó a TV Azteca desde una fuente del gobierno mexicano. Era la dirección del empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio en Lugano, Suiza. Vía Collina número 20. El dato iba acompañado de la fotografía de un edificio pintado de rojo:

“Aquí está Amílcar. 100% seguro”.

Esto ocurrió hace tres semanas y parecía cuadrar con un dato, proporcionado poco antes por una familia mexicana, que había indicado que Olán tenía a sus hijos en la costosa Scuola Americana de aquella ciudad.

La televisora decidió enviar a un reportero experimentado, Irving Pineda, así como a un camarógrafo (cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad).

El pasado 16 de septiembre, los periodistas arribaron a Lugano, uno de los grandes centros financieros de Suiza. Árboles, autos de alta gama, residencias lujosas rodeadas de colinas y, al fondo, la postal espectacular del Lago de Lugano.

Tuvieron una suerte igual de espectacular porque el primer día localizaron a Amílcar sentado en una banca, en el pequeño parque de su edificio, hablando por su teléfono celular.

Desde la camioneta que habían rentado, Pineda escuchó el fragmento de una conversación en español. Tuvo la impresión de que Olán Aparicio “hablaba como en clave”.

No intentaron abordarlo esa vez. Quisieron confirmar que se trataba de él. Cuando el personaje se metió al edificio pintado de rojo, checaron el buzón. Tenía escrito este nombre: “Jorge Olán Aparicio”.

Aquel 16 de septiembre el empresario tabasqueño no celebró el Grito. No salió a ninguno de los dos restaurantes que se hallan a menos de tres minutos de distancia. De hecho, no hubo más movimiento.”

“Esa sería la constante en los seis días que siguieron: el hombre que tuvo las manos metidas en las grandes obras del sexenio de López Obrador, el beneficiario visible de los millonarios contratos que Andy y Gonzalo López Beltrán, los hijos del expresidente, pusieron en sus manos, el dueño de la empresa acusada de traficar millones de litros de huachicol, vivía escondido, sin pisar la calle, sin salir siquiera al balcón.

Amílcar había desaparecido desde septiembre de 2025 cuando comenzaron las muertes vinculadas con el tráfico ilegal de combustibles y empezaron a estallar los grandes escándalos de corrupción dentro de la cúpula de la Marina.

Cuando trascendió que autoridades habían detectado movimientos por 3 mil millones de pesos enviados precisamente a bancos de Suiza.

Pineda y el camarógrafo montaron guardias en el estacionamiento del edificio de Vía Collina 20, y también desde el parque que rodea una iglesia cercana. Desde ahí, con ayuda de un telefoto, vigilaron desde las seis de la mañana hasta las 10 o las 11 de la noche, la propiedad.

Como muestran las imágenes que obtuvieron, vieron a Amílcar hablar por teléfono, sentarse frente a la computadora, dar vueltas de la cocina a la sala, y de la sala a la recámara.

A lo largo de seis días no pisó la calle. Comedor, computadora, celular, sillón, vueltas y vueltas por el lujoso departamento de 14 mil francos suizos mensuales: más de 350 mil pesos.

Solo sus hijos y una empleada mexicana salían del edificio. Ellos, para ir a la Scuola Americana (un millón y medio de pesos al año por cada alumno), y a ningún sitio más; ella, a tirar la basura, revisar el buzón, y tal vez hacer alguna compra.
A los periodistas les resultó evidente que Amílcar Olán se estaba escondiendo.

¿De quién, si en México no hay orden de aprehensión en su contra? ¿De las agencias de Estados Unidos? ¿O bien de sus antiguos socios, en vista de la “limpia” de marinos y funcionarios involucrados en el tráfico de huachicol que fueron asesinados en los meses anteriores a la salida de México del empresario?

Pineda ha relatado que las cortinas del departamento en el tercer piso se abrían hasta después de las 11 de la mañana y que alrededor de esa hora comenzaba la rutina de Olán. No salió un solo día, ni a caminar, ni a pasear, ni a divertirse ni a hacer ejercicio.

Y desapareció un día después del séptimo día: esa tarde en la que los periodistas lo abordaron y él trató de arrebatarles el teléfono, con el rostro descompuesto.

Esa tarde, luego de que Amílcar los amenazara con llamar a la policía, Pineda y el camarógrafo volvieron a su hotel y, antes de que otra cosa ocurriera, enviaron a México el material que habían obtenido.

Olán Aparicio desocupó el departamento horas después. En algún otro lugar hablará por teléfono, se sentará frente a la computadora, dará vueltas de la cocina a la sala y de la sala a la recámara, escondiéndose.

¿de quién?

Esa es la pregunta.

Cortesía El Universal

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#Columna

¿Por qué no se incluyó a la gobernadora en la reforma?.

En una sesión legislativa marcada por severas acusaciones de autoritarismo, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó vía fast-track una iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle García.

La medida tiene un objetivo claro: eliminar el fuero constitucional a alcaldes, síndicos y presidentes de concejos municipales.

Con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención, se reformó el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución local.

El Ejecutivo estatal justificó esta decisión bajo la premisa de la urgencia y la eficacia. La narrativa oficial sostiene que la inmunidad municipal se había convertido en un pasaporte hacia la evasión. Como evidencia, señalan los casos recientes de ediles bajo investigación penal que, aprovechando la lentitud del trámite legislativo del desafuero, lograron darse a la fuga. De acuerdo con los defensores de la reforma, eliminar la declaración de procedencia otorgará a la Fiscalía la agilidad procesal necesaria para actuar de forma inmediata frente a delitos graves, sin el lastre de los tiempos burocráticos.

Sin embargo, la lectura de la oposición —integrada por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano— arroja una sombra sobre esta supuesta vocación de justicia. Durante el debate, estas fuerzas políticas exigieron que la eliminación del fuero se ampliara también a la gobernadora, a los secretarios de despacho y a los diputados locales. La respuesta de la mayoría legislativa de Morena fue un rechazo tajante.

Es precisamente en esta negativa donde radica el centro del debate. Para el bloque opositor, mantener este privilegio para las altas esferas del gobierno estatal representa una preocupante falta de equidad legal y una «simulación» que perpetúa la impunidad. Aún más grave es el riesgo que advierten: al despojar de inmunidad exclusivamente a las autoridades municipales, el aparato de justicia podría transformarse en un mecanismo de presión y persecución política contra los ayuntamientos que no se alineen al oficialismo.

Al tratarse de una modificación constitucional local, el futuro de esta medida se traslada ahora al terreno municipal. La iniciativa requiere la ratificación de la mitad más uno de los ayuntamientos —al menos 107 de los 212 cabildos— en un plazo de 60 días para poder ser promulgada.

Al observar el panorama completo, resulta inevitable cuestionar la congruencia de la iniciativa. Si el objetivo genuino es erradicar los privilegios procesales y garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley, la interrogante final resulta tan obligada como reveladora: entonces, ¿por qué no se incluyó a la gobernadora en la reforma?.

Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo

Director general de Grupo Es Noticia, además de empresario del ramo turístico.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Mercadotecnia por el ITESM.

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.

El pasado 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Victimización (ENVIPE) en su edición 2026 para medir la incidencia delictiva y la seguridad en México. Se detalla que durante 2025 se registraron aproximadamente 23.0 millones de víctimas y 33.8 millones de delitos, destacando delitos frecuentes como el fraude, la extorsión y los asaltos en la vía pública. Asimismo, el informe analiza la preocupante cifra oculta de ilícitos no denunciados, el costo económico generado por la delincuencia y la percepción ciudadana respecto al desempeño de las autoridades de seguridad. 

¿Qué es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)?

Es un proyecto estadístico anual desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuya serie histórica comenzó en 2011. Su propósito central es generar información estadística con representatividad nacional y estatal que sirva de insumo para el público en general y para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de seguridad y justicia.

Figura 1.

1. Objetivos principales.

La encuesta recopila datos cuantitativos para evaluar:

• La prevalencia delictiva en los hogares y las personas.
• La incidencia de delitos del fuero común y sus características.
• La cifra oculta o cifra negra (delitos no denunciados o que no derivaron en una carpeta de investigación) y las razones de la no denuncia.
• El impacto económico y social del delito en la población (pérdidas directas, gastos en salud y medidas de prevención).
• La percepción sobre la seguridad pública en diversos ámbitos geográficos y espacios físicos, así como los cambios de hábitos adoptados por la ciudadanía.
• El desempeño, nivel de confianza y percepción de corrupción respecto a las autoridades de seguridad, procuración e impartición de justicia. 

2. Aspectos metodológicos clave.

• • Población objetivo: residentes de 18 años o más en las viviendas seleccionadas.
  • Tamaño de muestra: 102.032 viviendas distribuidas en todo el país.
  • Esquema de muestreo: probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados.
  • Cobertura geográfica: representatividad a nivel nacional, nacional urbano y rural, por entidad federativa y en 34 áreas urbanas de interés.

• Periodos de referencia:

1. Victimización e incidencia delictiva: ocurren del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
2. Percepción de seguridad y desempeño de autoridades: medido entre febrero y abril de 2026.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes y su impacto económico?

De acuerdo con los resultados (con información referida a 2025), se estimó la ocurrencia de 33.8 millones de delitos a nivel nacional. Los tres delitos de mayor frecuencia concentraron más de la mitad de todos los delitos cometidos en el país:

1. Fraude: es el delito más frecuente, con una tasa de 8,290 por cada 100 mil habitantes, lo que representa el 24,1% del total de los delitos ocurridos. Además, fue el delito con mayor frecuencia en 27 entidades federativas.
2. Extorsión: ocupó el segundo lugar con una tasa de 6,831 por cada 100 mil habitantes (19,8% del total).
3. Robo o asalto en calle o transporte público: registró una tasa de 5 641 por cada 100 mil habitantes (16,4% del total).
4. Amenazas verbales: representaron el 13,8% de la incidencia delictiva.
5. Robo total o parcial de vehículo: constituyó el 8,8% de los delitos.

Impacto económico de la inseguridad y el delito:

El impacto económico total generado por la inseguridad y los delitos en los hogares se estimó en 267,3 mil millones de pesos, cifra equivalente al 1,06% del Producto Interno Bruto (PIB). En promedio, la pérdida económica fue de $6.130 pesos por persona afectada.

Composición del costo nacional.

• Pérdidas económicas por victimización: constituyeron la mayor parte del costo, representando el 62,1% del monto total (165.9 mil millones de pesos).
• Gasto en medidas preventivas: los hogares destinaron el 34,3% del costo total (91.6 mil millones de pesos) a la prevención del delito (principalmente en cambio de cerraduras/candados y refuerzo de puertas o ventanas).
• Daños en la salud: las pérdidas económicas derivadas de afecciones a la salud por causa del delito representaron el 3,7% (9.8 mil millones de pesos).

Pérdida económica promedio anual por víctima según el tipo de delito.

Aunque algunos delitos ocurren con menor frecuencia, su impacto financiero directo por evento es significativamente mayor:

Tabla 1.

Nota. Adaptado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (ENVIPE). INEGI. Elaboración propia (2026).

Figura 2.

Nota. Adaptado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (ENVIPE). INEGI. Elaboración propia (2026).

¿Qué tan efectivos son los Ministerios Públicos y Fiscalías?

De acuerdo con los datos de la ENVIPE, la efectividad de los Ministerios Públicos (MP) y fiscalías estatales presenta importantes retos operativos y de percepción ciudadana, reflejados en una baja tasa de resolución de delitos, trámites inconclusos y desconfianza de las víctimas.

1. Efectividad en la atención y resolución de denuncias.

• Baja tasa de denuncia: de los 33,8 millones de delitos ocurridos en 2025, solo el 9,0% fue denunciado ante el Ministerio Público o la fiscalía estatal.
• Inicio de carpetas de investigación: de los delitos que sí se denunciaron, el MP inició una carpeta de investigación en el 73,5% de los casos, mientras que en el 26,5% restante no se abrió ninguna.
• Entre los casos denunciados donde no se abrió carpeta de investigación, la principal causa expresada por las víctimas fue que no existían pruebas (32,9%), seguida por la actitud hostil o desinterés de la autoridad (30,0%).
• Resultados de las investigaciones: en las carpetas de investigación que sí se iniciaron, los resultados fueron los siguientes:

1. 39.5% quedaron en trámite.
2. 38.1% no derivaron en nada.
3. Recuperación de bienes: 5.3%.
4. Puesta del delincuente a disposición de un juez: 4.4%.
5. Reparación del daño: 3.5%.
6. Perdón otorgado: 2.

• Impacto total: únicamente el 1,1% de la totalidad de los delitos ocurridos en el país alcanzaron una resolución favorable en el Ministerio Público (sumando recuperación de bienes, consignación ante un juez, reparación del daño o perdón).

2. Impacto en la cifra oculta y desincentivo a denunciar.

• • Cifra oculta del delito: alcanza el 93,4% a nivel nacional (delitos que no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación).
  • Responsabilidad de la autoridad: del 91,0% de los delitos no denunciados, el 60,8% no se denunció por causas atribuibles a la autoridad.

• Principales barreras percibidas por las víctimas:

1. Pérdida de tiempo: 35,8%.
2. Desconfianza en la autoridad: 13,0%.
3. Trámites largos y difíciles: 8,3%.
4. Actitud hostil de la autoridad: 2,7%.

3. Percepción ciudadana, confianza y corrupción.

• Reconocimiento institucional: solamente el 32,1% de la población de 18 años y más logra identificar al Ministerio Público y las fiscalías estatales.
• Nivel de confianza: entre las personas que identifican al MP y las fiscalías estatales, el 58,4% declara tenerles mucha o algo de confianza (un incremento respecto al 57,0% en 2025).
• Percepción de corrupción: el 61,4% de la población que los identifica percibe que los Ministerios Públicos son corruptos (mostrando una leve reducción respecto al 62,9% registrado en 2025).

¿Cuáles son las instituciones públicas y los Estados con mayor confianza institucional?

De acuerdo con los reportes ejecutivos de la ENVIPE 2026, el nivel de confianza en las instituciones se mide de forma detallada a nivel nacional (según el tipo de autoridad), mientras que el desglose por entidad federativa evalúa principalmente la percepción de seguridad/inseguridad y la prevalencia delictiva en cada estado.

1. Instituciones con mayor nivel de confianza (nacional).

De la población de 18 años y más que identifica a cada autoridad, los mayores niveles de confianza (sumando las respuestas «mucha confianza» y «algo de confianza») se registraron en las fuerzas armadas y autoridades federales:

1. Marina: 89,5%.
2. Fuerza Aérea Mexicana: 88,9%.
3. Ejército: 87,0%.
4. Guardia Nacional: 79,4%.
5. Fiscalía General de la República (FGR): 64,6%.
6. Policía Ministerial, Judicial o de Investigación: 60,4%.
7. Policía Estatal: 58,6%.
8. Ministerio Público y fiscalías estatales: 58,4%.
9. Jueces: 58,3%.
10. Policía Preventiva Municipal: 57,1%.
11. Policía de Tránsito: 45,8%.

2. Estados con mayor percepción de seguridad (menor inseguridad).

A nivel de entidades federativas, los estados donde la población reporta sentirse menos insegura (y por ende con un entorno de mayor confianza en la seguridad pública) son:

• Coahuila: 27,8% de percepción de inseguridad.
• Yucatán: 35,5%.
• Aguascalientes: 41,0%.

En el extremo opuesto, las entidades con los mayores niveles de percepción de inseguridad fueron el Estado de México (90,0%), Morelos (88,7%) y Tabasco (87,6%). 

¿Cuáles son los principales resultados para el Estado de Veracruz?

De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2026, los principales datos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave muestran un contraste marcado entre una de las tasas de victimización más bajas del país y una alta percepción de inseguridad:

1. Prevalencia delictiva (víctimas).

• Tasa de víctimas: Veracruz registró una tasa de 14.171 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2025.
• Reducción significativa: esta cifra representa una disminución estadísticamente significativa del 19,0% en comparación con la tasa de 17 503 obtenida en 2024.
• Posición nacional: Veracruz se posicionó como la segunda entidad federativa con la tasa de prevalencia delictiva más baja de México, solo por encima de Chiapas.

2. Incidencia delictiva (delitos).

• Tasa de delitos: la incidencia alcanzó 23.417 delitos por cada 100 mil habitantes durante 2025, disminuyendo desde los 26.261 delitos registrados en 2024.
• Delito más frecuente: al igual que en la mayoría de las entidades federativas, el fraude fue el delito de mayor frecuencia en la entidad.

3. Percepción de inseguridad.

• Nivel de inseguridad estatal: a pesar de la menor tasa de victimización, el 80,9% de la población de 18 años y más en Veracruz percibió que vivir en su estado es inseguro.
• Comparación nacional: este nivel de percepción de inseguridad ubica a la entidad por encima del promedio nacional, que fue del 74,0%.

4. Impacto económico del delito.

• Costo por persona afectada: el costo promedio generado a consecuencia de la inseguridad y el delito en Veracruz se estimó en $4 400 pesos por persona afectada.
• Relación nacional: dicho gasto se mantuvo por debajo de la pérdida promedio nacional, estimada en $6,130 pesos por víctima.

Al comparar los resultados del Estado de Veracruz con el resto del país, destaca una paradoja importante: la entidad se ubica en los lugares con menor nivel de delitos y víctimas, pero se mantiene en el grupo de estados con mayor percepción de inseguridad.

• Segunda tasa más baja del país: Veracruz registró 14.171 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2025. Esta cifra se sitúa significativamente por debajo de la media nacional de 23.473.
• Veracruz es la segunda entidad con menor prevalencia delictiva en México, únicamente por detrás de Chiapas (13.462) y superando a Zacatecas (15.733).
• Menor cantidad de delitos por habitantes: Veracruz reportó 23.417 delitos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 34.442.
• Percepción por encima de la media nacional: A pesar de registrar niveles bajos de victimización real, el 80,9% de la población de 18 años y más en Veracruz percibe que vivir en su estado es inseguro, superando el promedio nacional de 74,0%.
• Veracruz se posiciona entre los 10 estados con mayor percepción de inseguridad.

Reflexiones finales.

De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2026, se expone un panorama nacional complejo en el que las fuerzas armadas (como la Marina y el Ejército) concentran los mayores niveles de confianza ciudadana (superando el 87%), en contraste con la marcada desconfianza y baja efectividad que enfrentan los Ministerios Públicos (MP) y fiscalías. Asimismo, el informe detalla que entidades como Coahuila, Yucatán y Aguascalientes destacan por registrar los menores niveles de percepción de inseguridad en el país. En el caso específico de Veracruz, los datos revelan una evidente paradoja; aunque el estado se posiciona como la segunda entidad con menor prevalencia delictiva a nivel nacional (con una tasa de 14,171 víctimas por cada 100 mil habitantes) y un costo por víctima inferior a la media ($4,400 pesos), el 80,9% de su población continúa percibiendo un entorno de alta inseguridad, superando el promedio nacional.

Referencias

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2026). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Obtenido de www.inegi.org.mx 

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