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ENVIPE 2026: La paradoja de Veracruz y las sombras institucionales de la seguridad en México

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El pasado 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Victimización (ENVIPE) en su edición 2026 para medir la incidencia delictiva y la seguridad en México. Se detalla que durante 2025 se registraron aproximadamente 23.0 millones de víctimas y 33.8 millones de delitos, destacando delitos frecuentes como el fraude, la extorsión y los asaltos en la vía pública. Asimismo, el informe analiza la preocupante cifra oculta de ilícitos no denunciados, el costo económico generado por la delincuencia y la percepción ciudadana respecto al desempeño de las autoridades de seguridad. 

¿Qué es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)?

Es un proyecto estadístico anual desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuya serie histórica comenzó en 2011. Su propósito central es generar información estadística con representatividad nacional y estatal que sirva de insumo para el público en general y para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de seguridad y justicia.

Figura 1.

  1. Objetivos principales.

La encuesta recopila datos cuantitativos para evaluar:

  • La prevalencia delictiva en los hogares y las personas.
  • La incidencia de delitos del fuero común y sus características.
  • La cifra oculta o cifra negra (delitos no denunciados o que no derivaron en una carpeta de investigación) y las razones de la no denuncia.
  • El impacto económico y social del delito en la población (pérdidas directas, gastos en salud y medidas de prevención).
  • La percepción sobre la seguridad pública en diversos ámbitos geográficos y espacios físicos, así como los cambios de hábitos adoptados por la ciudadanía.
  • El desempeño, nivel de confianza y percepción de corrupción respecto a las autoridades de seguridad, procuración e impartición de justicia. 
  1. Aspectos metodológicos clave.
    • Población objetivo: residentes de 18 años o más en las viviendas seleccionadas.
    • Tamaño de muestra: 102.032 viviendas distribuidas en todo el país.
    • Esquema de muestreo: probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados.
    • Cobertura geográfica: representatividad a nivel nacional, nacional urbano y rural, por entidad federativa y en 34 áreas urbanas de interés.
  • Periodos de referencia:
  1. Victimización e incidencia delictiva: ocurren del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
  2. Percepción de seguridad y desempeño de autoridades: medido entre febrero y abril de 2026.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes y su impacto económico?

De acuerdo con los resultados (con información referida a 2025), se estimó la ocurrencia de 33.8 millones de delitos a nivel nacional. Los tres delitos de mayor frecuencia concentraron más de la mitad de todos los delitos cometidos en el país:

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  1. Fraude: es el delito más frecuente, con una tasa de 8,290 por cada 100 mil habitantes, lo que representa el 24,1% del total de los delitos ocurridos. Además, fue el delito con mayor frecuencia en 27 entidades federativas.
  2. Extorsión: ocupó el segundo lugar con una tasa de 6,831 por cada 100 mil habitantes (19,8% del total).
  3. Robo o asalto en calle o transporte público: registró una tasa de 5 641 por cada 100 mil habitantes (16,4% del total).
  4. Amenazas verbales: representaron el 13,8% de la incidencia delictiva.
  5. Robo total o parcial de vehículo: constituyó el 8,8% de los delitos.

Impacto económico de la inseguridad y el delito:

El impacto económico total generado por la inseguridad y los delitos en los hogares se estimó en 267,3 mil millones de pesos, cifra equivalente al 1,06% del Producto Interno Bruto (PIB). En promedio, la pérdida económica fue de $6.130 pesos por persona afectada.

Composición del costo nacional.

  • Pérdidas económicas por victimización: constituyeron la mayor parte del costo, representando el 62,1% del monto total (165.9 mil millones de pesos).
  • Gasto en medidas preventivas: los hogares destinaron el 34,3% del costo total (91.6 mil millones de pesos) a la prevención del delito (principalmente en cambio de cerraduras/candados y refuerzo de puertas o ventanas).
  • Daños en la salud: las pérdidas económicas derivadas de afecciones a la salud por causa del delito representaron el 3,7% (9.8 mil millones de pesos).

Pérdida económica promedio anual por víctima según el tipo de delito.

Aunque algunos delitos ocurren con menor frecuencia, su impacto financiero directo por evento es significativamente mayor:

Tabla 1.

Nota. Adaptado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (ENVIPE). INEGI. Elaboración propia (2026).

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Figura 2.

Nota. Adaptado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (ENVIPE). INEGI. Elaboración propia (2026).

 

¿Qué tan efectivos son los Ministerios Públicos y Fiscalías?

De acuerdo con los datos de la ENVIPE, la efectividad de los Ministerios Públicos (MP) y fiscalías estatales presenta importantes retos operativos y de percepción ciudadana, reflejados en una baja tasa de resolución de delitos, trámites inconclusos y desconfianza de las víctimas.

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  1. Efectividad en la atención y resolución de denuncias.
  • Baja tasa de denuncia: de los 33,8 millones de delitos ocurridos en 2025, solo el 9,0% fue denunciado ante el Ministerio Público o la fiscalía estatal.
  • Inicio de carpetas de investigación: de los delitos que sí se denunciaron, el MP inició una carpeta de investigación en el 73,5% de los casos, mientras que en el 26,5% restante no se abrió ninguna.
  • Entre los casos denunciados donde no se abrió carpeta de investigación, la principal causa expresada por las víctimas fue que no existían pruebas (32,9%), seguida por la actitud hostil o desinterés de la autoridad (30,0%).
  • Resultados de las investigaciones: en las carpetas de investigación que sí se iniciaron, los resultados fueron los siguientes:
  1. 39.5% quedaron en trámite.
  2. 38.1% no derivaron en nada.
  3. Recuperación de bienes: 5.3%.
  4. Puesta del delincuente a disposición de un juez: 4.4%.
  5. Reparación del daño: 3.5%.
  6. Perdón otorgado: 2.
  • Impacto total: únicamente el 1,1% de la totalidad de los delitos ocurridos en el país alcanzaron una resolución favorable en el Ministerio Público (sumando recuperación de bienes, consignación ante un juez, reparación del daño o perdón).
  1. Impacto en la cifra oculta y desincentivo a denunciar.
    • Cifra oculta del delito: alcanza el 93,4% a nivel nacional (delitos que no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación).
    • Responsabilidad de la autoridad: del 91,0% de los delitos no denunciados, el 60,8% no se denunció por causas atribuibles a la autoridad.
  • Principales barreras percibidas por las víctimas:
  1. Pérdida de tiempo: 35,8%.
  2. Desconfianza en la autoridad: 13,0%.
  3. Trámites largos y difíciles: 8,3%.
  4. Actitud hostil de la autoridad: 2,7%.
  1. Percepción ciudadana, confianza y corrupción.
  • Reconocimiento institucional: solamente el 32,1% de la población de 18 años y más logra identificar al Ministerio Público y las fiscalías estatales.
  • Nivel de confianza: entre las personas que identifican al MP y las fiscalías estatales, el 58,4% declara tenerles mucha o algo de confianza (un incremento respecto al 57,0% en 2025).
  • Percepción de corrupción: el 61,4% de la población que los identifica percibe que los Ministerios Públicos son corruptos (mostrando una leve reducción respecto al 62,9% registrado en 2025).

¿Cuáles son las instituciones públicas y los Estados con mayor confianza institucional?

De acuerdo con los reportes ejecutivos de la ENVIPE 2026, el nivel de confianza en las instituciones se mide de forma detallada a nivel nacional (según el tipo de autoridad), mientras que el desglose por entidad federativa evalúa principalmente la percepción de seguridad/inseguridad y la prevalencia delictiva en cada estado.

  1. Instituciones con mayor nivel de confianza (nacional).

De la población de 18 años y más que identifica a cada autoridad, los mayores niveles de confianza (sumando las respuestas «mucha confianza» y «algo de confianza») se registraron en las fuerzas armadas y autoridades federales:

  1. Marina: 89,5%.
  2. Fuerza Aérea Mexicana: 88,9%.
  3. Ejército: 87,0%.
  4. Guardia Nacional: 79,4%.
  5. Fiscalía General de la República (FGR): 64,6%.
  6. Policía Ministerial, Judicial o de Investigación: 60,4%.
  7. Policía Estatal: 58,6%.
  8. Ministerio Público y fiscalías estatales: 58,4%.
  9. Jueces: 58,3%.
  10. Policía Preventiva Municipal: 57,1%.
  11. Policía de Tránsito: 45,8%.
  1. Estados con mayor percepción de seguridad (menor inseguridad).

A nivel de entidades federativas, los estados donde la población reporta sentirse menos insegura (y por ende con un entorno de mayor confianza en la seguridad pública) son:

  • Coahuila: 27,8% de percepción de inseguridad.
  • Yucatán: 35,5%.
  • Aguascalientes: 41,0%.

En el extremo opuesto, las entidades con los mayores niveles de percepción de inseguridad fueron el Estado de México (90,0%), Morelos (88,7%) y Tabasco (87,6%). 

¿Cuáles son los principales resultados para el Estado de Veracruz?

De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2026, los principales datos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave muestran un contraste marcado entre una de las tasas de victimización más bajas del país y una alta percepción de inseguridad:

  1. Prevalencia delictiva (víctimas).
  • Tasa de víctimas: Veracruz registró una tasa de 14.171 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2025.
  • Reducción significativa: esta cifra representa una disminución estadísticamente significativa del 19,0% en comparación con la tasa de 17 503 obtenida en 2024.
  • Posición nacional: Veracruz se posicionó como la segunda entidad federativa con la tasa de prevalencia delictiva más baja de México, solo por encima de Chiapas.
  1. Incidencia delictiva (delitos).
  • Tasa de delitos: la incidencia alcanzó 23.417 delitos por cada 100 mil habitantes durante 2025, disminuyendo desde los 26.261 delitos registrados en 2024.
  • Delito más frecuente: al igual que en la mayoría de las entidades federativas, el fraude fue el delito de mayor frecuencia en la entidad.
  1. Percepción de inseguridad.
  • Nivel de inseguridad estatal: a pesar de la menor tasa de victimización, el 80,9% de la población de 18 años y más en Veracruz percibió que vivir en su estado es inseguro.
  • Comparación nacional: este nivel de percepción de inseguridad ubica a la entidad por encima del promedio nacional, que fue del 74,0%.
  1. Impacto económico del delito.
  • Costo por persona afectada: el costo promedio generado a consecuencia de la inseguridad y el delito en Veracruz se estimó en $4 400 pesos por persona afectada.
  • Relación nacional: dicho gasto se mantuvo por debajo de la pérdida promedio nacional, estimada en $6,130 pesos por víctima.

Al comparar los resultados del Estado de Veracruz con el resto del país, destaca una paradoja importante: la entidad se ubica en los lugares con menor nivel de delitos y víctimas, pero se mantiene en el grupo de estados con mayor percepción de inseguridad.

  • Segunda tasa más baja del país: Veracruz registró 14.171 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2025. Esta cifra se sitúa significativamente por debajo de la media nacional de 23.473.
  • Veracruz es la segunda entidad con menor prevalencia delictiva en México, únicamente por detrás de Chiapas (13.462) y superando a Zacatecas (15.733).
  • Menor cantidad de delitos por habitantes: Veracruz reportó 23.417 delitos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 34.442.
  • Percepción por encima de la media nacional: A pesar de registrar niveles bajos de victimización real, el 80,9% de la población de 18 años y más en Veracruz percibe que vivir en su estado es inseguro, superando el promedio nacional de 74,0%.
  • Veracruz se posiciona entre los 10 estados con mayor percepción de inseguridad.

 

Reflexiones finales.

De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2026, se expone un panorama nacional complejo en el que las fuerzas armadas (como la Marina y el Ejército) concentran los mayores niveles de confianza ciudadana (superando el 87%), en contraste con la marcada desconfianza y baja efectividad que enfrentan los Ministerios Públicos (MP) y fiscalías. Asimismo, el informe detalla que entidades como Coahuila, Yucatán y Aguascalientes destacan por registrar los menores niveles de percepción de inseguridad en el país. En el caso específico de Veracruz, los datos revelan una evidente paradoja; aunque el estado se posiciona como la segunda entidad con menor prevalencia delictiva a nivel nacional (con una tasa de 14,171 víctimas por cada 100 mil habitantes) y un costo por víctima inferior a la media ($4,400 pesos), el 80,9% de su población continúa percibiendo un entorno de alta inseguridad, superando el promedio nacional.

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Referencias

  • Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2026). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Obtenido de www.inegi.org.mx 
Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.
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LA ASIMETRÍA DEL FUERO EN VERACRUZ: ¿JUSTICIA O HERRAMIENTA DE CONTROL POLÍTICO?

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#Columna

¿Por qué no se incluyó a la gobernadora en la reforma?.

En una sesión legislativa marcada por severas acusaciones de autoritarismo, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó vía fast-track una iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle García.

La medida tiene un objetivo claro: eliminar el fuero constitucional a alcaldes, síndicos y presidentes de concejos municipales.

Con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención, se reformó el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución local.

El Ejecutivo estatal justificó esta decisión bajo la premisa de la urgencia y la eficacia. La narrativa oficial sostiene que la inmunidad municipal se había convertido en un pasaporte hacia la evasión. Como evidencia, señalan los casos recientes de ediles bajo investigación penal que, aprovechando la lentitud del trámite legislativo del desafuero, lograron darse a la fuga. De acuerdo con los defensores de la reforma, eliminar la declaración de procedencia otorgará a la Fiscalía la agilidad procesal necesaria para actuar de forma inmediata frente a delitos graves, sin el lastre de los tiempos burocráticos.

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Sin embargo, la lectura de la oposición —integrada por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano— arroja una sombra sobre esta supuesta vocación de justicia. Durante el debate, estas fuerzas políticas exigieron que la eliminación del fuero se ampliara también a la gobernadora, a los secretarios de despacho y a los diputados locales. La respuesta de la mayoría legislativa de Morena fue un rechazo tajante.

Es precisamente en esta negativa donde radica el centro del debate. Para el bloque opositor, mantener este privilegio para las altas esferas del gobierno estatal representa una preocupante falta de equidad legal y una «simulación» que perpetúa la impunidad. Aún más grave es el riesgo que advierten: al despojar de inmunidad exclusivamente a las autoridades municipales, el aparato de justicia podría transformarse en un mecanismo de presión y persecución política contra los ayuntamientos que no se alineen al oficialismo.

Al tratarse de una modificación constitucional local, el futuro de esta medida se traslada ahora al terreno municipal. La iniciativa requiere la ratificación de la mitad más uno de los ayuntamientos —al menos 107 de los 212 cabildos— en un plazo de 60 días para poder ser promulgada.

Al observar el panorama completo, resulta inevitable cuestionar la congruencia de la iniciativa. Si el objetivo genuino es erradicar los privilegios procesales y garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley, la interrogante final resulta tan obligada como reveladora: entonces, ¿por qué no se incluyó a la gobernadora en la reforma?.

Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo

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Director general de Grupo Es Noticia, además de empresario del ramo turístico.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Mercadotecnia por el ITESM.

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.
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México: epicentro del narco. ¿Hasta hoy lo descubren?

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#Columna

No es ninguna noticia si les digo que, hasta hoy, muchos mexicanos descubrieron el hilo negro y el agua tibia.

No, la verdadera noticia es que hasta hoy –22 de septiembre del 2026–, el gobierno norteamericano descubrió que México “es el epicentro de la violencia de los cárteles criminales”.

Sí, son palabras textuales del presidente norteamericano, Donald Trump, en la cumbre anual de la ONU.

Palabras que alarmaron a propios y extraños, no por descubrir lo que pasa en México –que es el epicentro de la violencia de los cárteles criminales–, sino por la ceguera del vecino norteño en las últimas tres décadas. 

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Sí, porque el insólito descubrimiento del presidente Trump nos lleva a concluir que en los último 30 años, los gobiernos norteamericanos –incluida la primera gestión de Trump–, los gobiernos del vecino del norte cerraron los ojos frente a la tragedia que se gestó en México por la llegada de los cárteles criminales al poder en nuestro país.

Y es que pareciera increíble la ceguera y la sordera de los gobiernos norteamericanos frente a los “narco-gobiernos” de Morena en México.

Sin embargo, también es cierto que muchos otros siempre estuvieron atentos a esa tragedia. Es decir, que siempre conocieron las causas y los efectos de los “naro-gobiernos” mexicanos.

Por lo menos aquí lo dije en el Itinerario Político del 11 de agosto de 2017, titulado: “Alianza de Morena y el narco”, en donde documenté los acuerdos mafiosos del naciente partido de Obrador, con las bandas criminales.

Así lo dije: “¿Por qué la doble moral de una sociedad de contentillo; sociedad ciega, sorda y miope que solapa el escándalo que involucra al más aventajado presidenciable, López Obrador, con el financiamiento del crimen organizado, mientras que esa misma sociedad se ensaña con la imagen del famoso futbolista, “Rafa” Marquez?

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“¿Por qué las redes y sus ´legiones de idiotas` no destruyen –con la misma intensidad que despedazan al futbolista–, a los políticos de Morena con vínculos con las bandas criminales?

“Pero no, el caso de los vínculos de Morena y de AMLO con dinero del “narco”, no es aislado, único y tampoco se trata de una repentina revelación.

“No, lo cierto es que la lista de “narco-políticos” vinculados a Morena es larga y los más recientes casos –además del citado diputado Carlos Lomelí Bolaños y el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado–, son Félix Salgado Macedonio, relacionado con los Zetas, Fidel Demédicis, José Luis Abarca, el narco diputado Julio César Godoy Toscano, Ricardo Gallardo Cardona, Juan Ignacio García Zalvidea, Miguel Ángel Almaraz, Marco Antonio Mejía y las señoras Yeidckol Polevnsky, Rocío Nahle y la profesora Delfina Gómez, entre muchos otros “narcopolíticos” que abiertamente colaboran para Morena y para López Obrador”. (FIN DE LA CITA)

Regresé al tema el 12 de octubre del 2020 con el Itinerario Político titulado: “El crimen organizado hará fraude en el 2021”, en donde documenté las evidencias de que las bandas criminales controlarían esa elección. 

Así lo dije: “A meses de la contienda electoral del 2021, es previsible que esa elección será la que, con mayor intensidad, participe el crimen organizado.

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“Y es que hoy las bandas criminales ya son parte pública de la vida nacional; dueños de gobiernos estatales y municipales; de puestos de elección popular en los congresos locales y en el Congreso de la Unión, y hasta son amigos del presidente y de sus secretarios de despacho, quienes “los dejan trabajar a sus anchas” y los liberan cuando son capturados.

“El caso emblema es el de “El Chapito”, Ovidio Guzmán. Por eso, hoy la pregunta no es si los “barones del crimen” participarán en las elecciones del 2021. No, la pregunta es otra. ¿A favor de qué partido político jugarán sus cartas, políticas y económicas los Cárteles criminales?

“La respuesta todos la conocen. Sí, existe una alianza electoral entre el gobierno de López Obrador y el crimen organizado ¿Y por qué la certeza?

“Porque si tiene patas de pato, cola de pato, pico de pato y, si grazna como pato, tenemos derecho a suponer que se trata de un pato. Es decir, que no sería la primera ocasión en que López Obrador acude a una alianza con el crimen organizado. En realidad, los ejemplos abundan…

“Por eso volvemos a las preguntas.

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“¿En cuántos estados, municipios y distritos electorales del país –en donde habrá elecciones–, el jefe político, el jefe real de la plaza y/o “el mandamás”, es un personaje vinculado a Morena y, al mismo tiempo, aliado al crimen organizado?

“¿Cuántos votos, en la contienda federal para renovar la Cámara de Diputados y los 15 gobiernos estatales, serán producto del chantaje y de una alianza criminal? ¿Cuántos gobiernos estatales son aliados del crimen?

“Si, como nunca, el crimen estará presente en las elecciones del 2021. Y las mafias criminales votarán por Morena. Al tiempo.” (FIN DE LA CITA)

Sí, lo que hoy dijo Trump, aquí lo documenté durante décadas. Pero está demás que hoy despertó el gobierno norteamericano.

Al tiempo.

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ITINERARIO/ RICARDO ALEMÁN 

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Bebés y crimen de estado en el IMSS

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#Columna

Por su importancia, la noticia debió ser un escándalo no sólo en México, sino en el mundo entero.

Una tragedia que en toda democracia que se respete, habría sido una inaceptable inmoralidad del Estado y cobraría muchas cabezas del sector salud.

Sin embargo, en el México de la llamada “4-T” y de la primera presidenta, la salud, la educación y el futuro de los niños no le importan a nadie y menos a la “señora presidenta” 

Nos referimos –como seguramente lo adivinaron–, a la intolerable muerte de cinco bebés, en una clínica del IMSS, de Durango; una tragedia que fue ignorada no sólo por la apática sociedad mexicana, son por los medios.

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Y es que al día siguiente a que en México se conoció la tragedia, la mayoría de los medios mexicanos –de prensa, radio y televisión–, ignoraron los hechos y prefirieron seguir de largo, como si nada.

Y por eso volvemos al principio.

¿Qué debe ocurrir en nuestro país, para que el Estado mexicano no sólo asuma su responsabilidad en la salud de los niños mexicanos, sino en su desarrollo, su educación y su futuro?

¿De qué tamaño deben ser las tragedias sociales –como la muerte de cinco bebés en el IMSS–, para que los grandes medios nacionales investiguen los hechos, difundan las fallas del sector salud y señalen a los responsables?

Por esa razón, primero debemos entender el significado de un “crimen de Estado”, que se define “como toda acción ilegal lanzada contra los ciudadanos y cometida por uno o más agentes del Estado”.

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El crimen de Estado lo cometen no sólo quienes desde el poder ordenan una acción ilegal que lesiona los derechos ciudadanos, sino que son corresponsables de un crimen de Estado aquellas autoridades omisas, indolentes o ineficaces.

Y en los gobiernos de Obrador y de Sheinbaum, uno de los mayores crímenes de Estado se comete contra los niños en general –niñas y niños–, de manera particular en las regiones más pobres y de mayor violencia.

Y ese es el caso de cinco bebés recién nacidos que perdieron la vida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No 1 del IMSS de Durango.

Resulta que, según padres de los recién nacidos fallecidos, el citado hospital carece de lo elemental, incluso la limpieza en Cuidados Intensivos.

A su vez, empleados del citado hospital señalaron que no hay presupuesto para lo más elemental –medicamentos, zonas protegidas y asepsia–, lo que convierte al IMSS en una verdadera sucursal del infierno.

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Y precisamente por eso –porque en el IMSS los niños, en particular y los adultos, en general, pierden la vida a causa del mal servicio–, las muertes en el mayor centro de salud mexicano son verdaderos “criminales de Estado”.

Pero tampoco es una novedad.

Y es que, desde la llegada de Morena al poder federal, tanto los bebés, como los niños mexicanos, en general, son víctimas de una sistemática pérdida de derechos y libertades elementales.

Sí, han perdido el derecho a la salud, a la educación de calidad, a una vivienda digna y, en el extremo, son empujados de manera creciente a la criminalidad, ante la mirada indolente de un gobierno federal al que nada le importan.

Y el mejor ejemplo es el del cáncer infantil, que es la segunda causa de muerte de menores de edad en México, sólo después de los accidentes.

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Más aún, según estimaciones de la SSA, el universo de niños con cáncer en México supera los 20 mil casos.

A su vez, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) reveló que del 11 de diciembre de 2019 al 11 diciembre de 2020 se registraron 2 mil 190 decesos de menores de edad, causados por la detección tardía de la enfermedad, por la falta de acceso oportuno a medicamentos y tratamientos médicos y las complicaciones propias de la enfermedad.

Otras estimaciones señalan que el número de niños enfermos de cáncer, que perdieron la vida en el gobierno de López Obrador supera los 10 mil fallecidos. Pero la tragedia es mayor si vemos el impacto de la cancelación del Seguro Siglo XXI, que atendía a cuatro millones de niños de escasos recursos, en todo el país.

No es todo, ya que la cancelación de las 9 mil 200 Estancias Infantiles para ayuda a madres trabajadoras, decretada por López Obrador y que siguió con Sheinbaum, dejó sin educación elemental a casi 500 mil niños y sin posibilidad de trabajo a igual número de madres.

A esa tragedia se agrega la cancelación de Escuelas de Tiempo Completo que daban igualdad a miles de niñas también en todo el territorio nacional.

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Pero eso sí, desde Palacio prohíben el uso de celulares a menores de edad, en escuelas primarias y secundarias de todo el país.

Sí, los de Morena son gobiernos farsantes.

Al tiempo.

ITINERARIO/RICARDO ALEMÁN 

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