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ENVIPE 2026: La paradoja de Veracruz y las sombras institucionales de la seguridad en México

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El pasado 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Victimización (ENVIPE) en su edición 2026 para medir la incidencia delictiva y la seguridad en México. Se detalla que durante 2025 se registraron aproximadamente 23.0 millones de víctimas y 33.8 millones de delitos, destacando delitos frecuentes como el fraude, la extorsión y los asaltos en la vía pública. Asimismo, el informe analiza la preocupante cifra oculta de ilícitos no denunciados, el costo económico generado por la delincuencia y la percepción ciudadana respecto al desempeño de las autoridades de seguridad. 

¿Qué es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)?

Es un proyecto estadístico anual desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuya serie histórica comenzó en 2011. Su propósito central es generar información estadística con representatividad nacional y estatal que sirva de insumo para el público en general y para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de seguridad y justicia.

Figura 1.

  1. Objetivos principales.

La encuesta recopila datos cuantitativos para evaluar:

  • La prevalencia delictiva en los hogares y las personas.
  • La incidencia de delitos del fuero común y sus características.
  • La cifra oculta o cifra negra (delitos no denunciados o que no derivaron en una carpeta de investigación) y las razones de la no denuncia.
  • El impacto económico y social del delito en la población (pérdidas directas, gastos en salud y medidas de prevención).
  • La percepción sobre la seguridad pública en diversos ámbitos geográficos y espacios físicos, así como los cambios de hábitos adoptados por la ciudadanía.
  • El desempeño, nivel de confianza y percepción de corrupción respecto a las autoridades de seguridad, procuración e impartición de justicia. 
  1. Aspectos metodológicos clave.
    • Población objetivo: residentes de 18 años o más en las viviendas seleccionadas.
    • Tamaño de muestra: 102.032 viviendas distribuidas en todo el país.
    • Esquema de muestreo: probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados.
    • Cobertura geográfica: representatividad a nivel nacional, nacional urbano y rural, por entidad federativa y en 34 áreas urbanas de interés.
  • Periodos de referencia:
  1. Victimización e incidencia delictiva: ocurren del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
  2. Percepción de seguridad y desempeño de autoridades: medido entre febrero y abril de 2026.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes y su impacto económico?

De acuerdo con los resultados (con información referida a 2025), se estimó la ocurrencia de 33.8 millones de delitos a nivel nacional. Los tres delitos de mayor frecuencia concentraron más de la mitad de todos los delitos cometidos en el país:

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  1. Fraude: es el delito más frecuente, con una tasa de 8,290 por cada 100 mil habitantes, lo que representa el 24,1% del total de los delitos ocurridos. Además, fue el delito con mayor frecuencia en 27 entidades federativas.
  2. Extorsión: ocupó el segundo lugar con una tasa de 6,831 por cada 100 mil habitantes (19,8% del total).
  3. Robo o asalto en calle o transporte público: registró una tasa de 5 641 por cada 100 mil habitantes (16,4% del total).
  4. Amenazas verbales: representaron el 13,8% de la incidencia delictiva.
  5. Robo total o parcial de vehículo: constituyó el 8,8% de los delitos.

Impacto económico de la inseguridad y el delito:

El impacto económico total generado por la inseguridad y los delitos en los hogares se estimó en 267,3 mil millones de pesos, cifra equivalente al 1,06% del Producto Interno Bruto (PIB). En promedio, la pérdida económica fue de $6.130 pesos por persona afectada.

Composición del costo nacional.

  • Pérdidas económicas por victimización: constituyeron la mayor parte del costo, representando el 62,1% del monto total (165.9 mil millones de pesos).
  • Gasto en medidas preventivas: los hogares destinaron el 34,3% del costo total (91.6 mil millones de pesos) a la prevención del delito (principalmente en cambio de cerraduras/candados y refuerzo de puertas o ventanas).
  • Daños en la salud: las pérdidas económicas derivadas de afecciones a la salud por causa del delito representaron el 3,7% (9.8 mil millones de pesos).

Pérdida económica promedio anual por víctima según el tipo de delito.

Aunque algunos delitos ocurren con menor frecuencia, su impacto financiero directo por evento es significativamente mayor:

Tabla 1.

Nota. Adaptado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (ENVIPE). INEGI. Elaboración propia (2026).

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Figura 2.

Nota. Adaptado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (ENVIPE). INEGI. Elaboración propia (2026).

 

¿Qué tan efectivos son los Ministerios Públicos y Fiscalías?

De acuerdo con los datos de la ENVIPE, la efectividad de los Ministerios Públicos (MP) y fiscalías estatales presenta importantes retos operativos y de percepción ciudadana, reflejados en una baja tasa de resolución de delitos, trámites inconclusos y desconfianza de las víctimas.

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  1. Efectividad en la atención y resolución de denuncias.
  • Baja tasa de denuncia: de los 33,8 millones de delitos ocurridos en 2025, solo el 9,0% fue denunciado ante el Ministerio Público o la fiscalía estatal.
  • Inicio de carpetas de investigación: de los delitos que sí se denunciaron, el MP inició una carpeta de investigación en el 73,5% de los casos, mientras que en el 26,5% restante no se abrió ninguna.
  • Entre los casos denunciados donde no se abrió carpeta de investigación, la principal causa expresada por las víctimas fue que no existían pruebas (32,9%), seguida por la actitud hostil o desinterés de la autoridad (30,0%).
  • Resultados de las investigaciones: en las carpetas de investigación que sí se iniciaron, los resultados fueron los siguientes:
  1. 39.5% quedaron en trámite.
  2. 38.1% no derivaron en nada.
  3. Recuperación de bienes: 5.3%.
  4. Puesta del delincuente a disposición de un juez: 4.4%.
  5. Reparación del daño: 3.5%.
  6. Perdón otorgado: 2.
  • Impacto total: únicamente el 1,1% de la totalidad de los delitos ocurridos en el país alcanzaron una resolución favorable en el Ministerio Público (sumando recuperación de bienes, consignación ante un juez, reparación del daño o perdón).
  1. Impacto en la cifra oculta y desincentivo a denunciar.
    • Cifra oculta del delito: alcanza el 93,4% a nivel nacional (delitos que no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación).
    • Responsabilidad de la autoridad: del 91,0% de los delitos no denunciados, el 60,8% no se denunció por causas atribuibles a la autoridad.
  • Principales barreras percibidas por las víctimas:
  1. Pérdida de tiempo: 35,8%.
  2. Desconfianza en la autoridad: 13,0%.
  3. Trámites largos y difíciles: 8,3%.
  4. Actitud hostil de la autoridad: 2,7%.
  1. Percepción ciudadana, confianza y corrupción.
  • Reconocimiento institucional: solamente el 32,1% de la población de 18 años y más logra identificar al Ministerio Público y las fiscalías estatales.
  • Nivel de confianza: entre las personas que identifican al MP y las fiscalías estatales, el 58,4% declara tenerles mucha o algo de confianza (un incremento respecto al 57,0% en 2025).
  • Percepción de corrupción: el 61,4% de la población que los identifica percibe que los Ministerios Públicos son corruptos (mostrando una leve reducción respecto al 62,9% registrado en 2025).

¿Cuáles son las instituciones públicas y los Estados con mayor confianza institucional?

De acuerdo con los reportes ejecutivos de la ENVIPE 2026, el nivel de confianza en las instituciones se mide de forma detallada a nivel nacional (según el tipo de autoridad), mientras que el desglose por entidad federativa evalúa principalmente la percepción de seguridad/inseguridad y la prevalencia delictiva en cada estado.

  1. Instituciones con mayor nivel de confianza (nacional).

De la población de 18 años y más que identifica a cada autoridad, los mayores niveles de confianza (sumando las respuestas «mucha confianza» y «algo de confianza») se registraron en las fuerzas armadas y autoridades federales:

  1. Marina: 89,5%.
  2. Fuerza Aérea Mexicana: 88,9%.
  3. Ejército: 87,0%.
  4. Guardia Nacional: 79,4%.
  5. Fiscalía General de la República (FGR): 64,6%.
  6. Policía Ministerial, Judicial o de Investigación: 60,4%.
  7. Policía Estatal: 58,6%.
  8. Ministerio Público y fiscalías estatales: 58,4%.
  9. Jueces: 58,3%.
  10. Policía Preventiva Municipal: 57,1%.
  11. Policía de Tránsito: 45,8%.
  1. Estados con mayor percepción de seguridad (menor inseguridad).

A nivel de entidades federativas, los estados donde la población reporta sentirse menos insegura (y por ende con un entorno de mayor confianza en la seguridad pública) son:

  • Coahuila: 27,8% de percepción de inseguridad.
  • Yucatán: 35,5%.
  • Aguascalientes: 41,0%.

En el extremo opuesto, las entidades con los mayores niveles de percepción de inseguridad fueron el Estado de México (90,0%), Morelos (88,7%) y Tabasco (87,6%). 

¿Cuáles son los principales resultados para el Estado de Veracruz?

De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2026, los principales datos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave muestran un contraste marcado entre una de las tasas de victimización más bajas del país y una alta percepción de inseguridad:

  1. Prevalencia delictiva (víctimas).
  • Tasa de víctimas: Veracruz registró una tasa de 14.171 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2025.
  • Reducción significativa: esta cifra representa una disminución estadísticamente significativa del 19,0% en comparación con la tasa de 17 503 obtenida en 2024.
  • Posición nacional: Veracruz se posicionó como la segunda entidad federativa con la tasa de prevalencia delictiva más baja de México, solo por encima de Chiapas.
  1. Incidencia delictiva (delitos).
  • Tasa de delitos: la incidencia alcanzó 23.417 delitos por cada 100 mil habitantes durante 2025, disminuyendo desde los 26.261 delitos registrados en 2024.
  • Delito más frecuente: al igual que en la mayoría de las entidades federativas, el fraude fue el delito de mayor frecuencia en la entidad.
  1. Percepción de inseguridad.
  • Nivel de inseguridad estatal: a pesar de la menor tasa de victimización, el 80,9% de la población de 18 años y más en Veracruz percibió que vivir en su estado es inseguro.
  • Comparación nacional: este nivel de percepción de inseguridad ubica a la entidad por encima del promedio nacional, que fue del 74,0%.
  1. Impacto económico del delito.
  • Costo por persona afectada: el costo promedio generado a consecuencia de la inseguridad y el delito en Veracruz se estimó en $4 400 pesos por persona afectada.
  • Relación nacional: dicho gasto se mantuvo por debajo de la pérdida promedio nacional, estimada en $6,130 pesos por víctima.

Al comparar los resultados del Estado de Veracruz con el resto del país, destaca una paradoja importante: la entidad se ubica en los lugares con menor nivel de delitos y víctimas, pero se mantiene en el grupo de estados con mayor percepción de inseguridad.

  • Segunda tasa más baja del país: Veracruz registró 14.171 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2025. Esta cifra se sitúa significativamente por debajo de la media nacional de 23.473.
  • Veracruz es la segunda entidad con menor prevalencia delictiva en México, únicamente por detrás de Chiapas (13.462) y superando a Zacatecas (15.733).
  • Menor cantidad de delitos por habitantes: Veracruz reportó 23.417 delitos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 34.442.
  • Percepción por encima de la media nacional: A pesar de registrar niveles bajos de victimización real, el 80,9% de la población de 18 años y más en Veracruz percibe que vivir en su estado es inseguro, superando el promedio nacional de 74,0%.
  • Veracruz se posiciona entre los 10 estados con mayor percepción de inseguridad.

 

Reflexiones finales.

De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2026, se expone un panorama nacional complejo en el que las fuerzas armadas (como la Marina y el Ejército) concentran los mayores niveles de confianza ciudadana (superando el 87%), en contraste con la marcada desconfianza y baja efectividad que enfrentan los Ministerios Públicos (MP) y fiscalías. Asimismo, el informe detalla que entidades como Coahuila, Yucatán y Aguascalientes destacan por registrar los menores niveles de percepción de inseguridad en el país. En el caso específico de Veracruz, los datos revelan una evidente paradoja; aunque el estado se posiciona como la segunda entidad con menor prevalencia delictiva a nivel nacional (con una tasa de 14,171 víctimas por cada 100 mil habitantes) y un costo por víctima inferior a la media ($4,400 pesos), el 80,9% de su población continúa percibiendo un entorno de alta inseguridad, superando el promedio nacional.

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Referencias

  • Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2026). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Obtenido de www.inegi.org.mx 
Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.
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¡ARDE VERACRUZ! ¿SE LE SALE DE CONTROL EL ESTADO A ROCÍO NAHLE?

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#Columna

Por Alexandro Vázquez Loyo

Los recientes hechos de violencia registrados en Poza Rica parecen sacados de una escena de Grand Theft Auto: vehículos incendiados, ponchallantas colocados en las salidas de la ciudad y una población temerosa incluso de salir a las calles.

Al menos cuatro automóviles fueron incendiados en distintos puntos carreteros de la zona norte de Veracruz. El hallazgo de ponchallantas y bidones con presunto combustible en las inmediaciones encendió las alertas y profundizó la preocupación de los habitantes. La violencia tampoco se limitó a Poza Rica: también se reportaron unidades incendiadas en Papantla, Cazones de Herrera y Tihuatlán, lo que provocó un amplio despliegue de fuerzas estatales y federales.

Mientras esto sucedía en el norte de la entidad, en Xalapa la gobernadora Rocío Nahle y su gabinete rinden su segundo informe de gobierno, en donde aseguran que Veracruz vive en paz y se encuentra entre los estados más seguros del país.

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El contraste entre el discurso oficial y los indicadores de seguridad obliga, cuando menos, a cuestionar la efectividad de la estrategia gubernamental. Las cifras dibujan un panorama mucho más complejo:

  • Homicidios dolosos. Aunque entre 2019 y 2024 este delito disminuyó aproximadamente 46 %, de 2024 a 2025 registró un repunte cercano al 5.4 %. La reducción de años anteriores no debe convertirse en argumento para ignorar el deterioro posterior.
  • Secuestros. Entre 2018 y 2024 se registró un incremento cercano al 62 %. Durante la administración de Nahle, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 32 delitos de secuestro en 2025 y 23 víctimas entre enero y septiembre de 2026. Se trata de indicadores distintos —uno contabiliza delitos y el otro personas afectadas—, por lo que no deben compararse ni sumarse de manera directa. Sin embargo, ambos reflejan que el problema persiste.
  • Extorsiones. De acuerdo con el SESNSP, durante 2025 se iniciaron 730 carpetas de investigación por este delito en Veracruz, mientras que de enero a septiembre de 2026 se contabilizaron 305 víctimas. Aunque también son registros de naturaleza distinta y la categoría oficial comprende diversas modalidades, no exclusivamente el llamado cobro de piso, las cifras resultan preocupantes. Y es que, pese a que el Gobierno Federal informó que entre julio y diciembre de 2025 fueron detenidas 49 personas por extorsión y se inhabilitaron 4 mil 621 líneas telefónicas, las amenazas y el cobro de piso continúan asfixiando a comerciantes, empresarios y transportistas veracruzanos.

A la inseguridad y sus consecuencias económicas y sociales se suma la violencia política, acompañada de una preocupante falta de resultados en materia de justicia. Recientemente, la dirigencia estatal del PRI condenó los asesinatos de la regidora de Texhuacán, Juana Tzanahua Gálvez, y del dirigente municipal priista, Gervacio Hernández Mellado.

De acuerdo con cifras expuestas por la oposición, desde 2018 se han registrado 66 homicidios de políticos y servidores públicos en Veracruz. De esos casos, apenas cuatro habrían concluido en sentencia, lo que representa, según esos datos, un nivel de impunidad cercano al 93 %. Una cifra que, de confirmarse, obliga a preguntarse qué ha ocurrido con las investigaciones y por qué tantos crímenes siguen sin resolverse.

La exigencia de resultados, sin embargo, no proviene únicamente de la oposición. Renato Riveroll Rivera, director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, hizo un llamado enérgico a la mandataria estatal para reforzar la estrategia de seguridad. Advirtió que, pese a la presencia de corporaciones federales, no se percibe un combate frontal contra la delincuencia organizada.

El caso de Poza Rica es particularmente ilustrativo de la distancia que puede existir entre los mensajes institucionales y la realidad que enfrenta la ciudadanía. Hace apenas unos días, la alcaldesa Adanely Rodríguez presumía su participación en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En sus mensajes destacaba la coordinación entre autoridades y el compromiso de garantizar tranquilidad y bienestar a las familias pozarricenses.

Hubo fotografías, reuniones y declaraciones de buenas intenciones. Sin embargo, bastaron unos días para que la realidad impusiera su propia agenda: carreteras afectadas, vehículos calcinados y una ciudad sumida en la incertidumbre. La pregunta inevitable es: ¿de qué sirve presumir coordinación institucional si la población sigue expuesta a hechos de violencia?.

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Gobernadora, las preguntas son obligadas: ¿Cuántas organizaciones criminales han sido desarticuladas durante su administración?, ¿Cuántos de sus líderes han sido capturados? y, sobre todo, ¿Cuántas investigaciones se han traducido en sentencias condenatorias? ¿Qué garantías reales puede ofrecer a quienes hoy trabajan, comercian y transitan bajo amenaza?

Pero hay una pregunta todavía más importante: ¿está dispuesta a reconocer que su estrategia de seguridad no está dando los resultados esperados en regiones clave de Veracruz? Y, de ser así, ¿tendrá la voluntad política de realizar los cambios necesarios en su gabinete, empezando por quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública?.

Los veracruzanos no necesitan más anuncios de operativos, fotografías oficiales ni cifras de detenciones presentadas como triunfos. Necesitan resultados que puedan comprobarse en las calles, en las carreteras y en sus comunidades. Necesitan que los comerciantes puedan trabajar sin amenazas, que las familias puedan salir de sus casas sin temor y que las autoridades recuperen el control de los territorios donde hoy impera la incertidumbre.

Porque gobernar no es solamente informar que todo está bien. Es asumir la responsabilidad cuando las cosas no lo están. Y mientras Veracruz siga ardiendo, el discurso de tranquilidad será cada vez más difícil de sostener.

Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo

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Director general de Grupo Es Noticia, además de empresario del ramo turístico.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Mercadotecnia por el ITESM.

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.

 

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El abuelo mexicano de la Narco-Política

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#Columna

El mundo entero sabe que en México nació la versión moderna de la “narco-política” global.

Pero lo que pocos saben es que el abuelo de ese rentable negocio fue nada menos que el mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo; el verdadero fundador de los cárteles de la llamada “narco-política” moderna.

Motejado como “El jefe de jefes”, Félix Gallardo falleció el pasado domingo 15 de noviembre del 2025, luego de permanecer preso poco más de 20 años y de haber rechazado la amnistía que le ofreció el expresidente López Obrador.

Para sorpresa de nadie, el “jefe de jefes” inició su carrera delictiva como parte de la policía estatal de Sinaloa, en el año de 1963, cuando se convirtió en jefe de escoltas del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, quien no sólo apadrinó su boda, sino su creciente influencia en el tráfico de drogas a Estados Unidos.

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Por eso, frente al incontenible fenómeno criminal que desplegaban los grupos mafiosos del llamado “Triángulo Durado” –Sinaloa, Durango y Chihuahua–, para 1969, el presidente norteamericano, Richard Nixon anunció el cierre de la frontera terrestre con México, como parte del llamado “Operativo Intercepción”.

Se trató de una promesa de campaña de Nixon, que incluía la revisión obligada –y sin previo aviso–, de todos los vehículos que cruzaban la línea fronteriza entre México y el vecino del norte.

En respuesta, el mandatario mexicano, Luis Echeverría, ordenó el despliegue de la llamada “Operación Cóndor”, que consistió en una batida militar y policiaca en los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, que incluía la participación de policías norteamericanos y militares mexicanos, para destruir los plantíos de mariguana y amapola.

La “Operación Cóndor” fue vendida al ciudadano común como todo un éxito, a pesar de que en realidad fue el detonante de los encuentros entre mafiosos, policías y políticos, lo que a la postre dio origen al nacimiento de los cárteles que hoy dominan México y el mundo 

Y es que en respuesta a la “Operación Cóndor”, el llamado “jefe de jefes” –ya convertido en el verdadero mandón del naciente Cártel de Sinaloa–, respondió con una iniciativa audaz y novedosa que hoy es vista como el nacimiento de la “narco-política” en México.

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Es decir, que Félix Gallardo convocó a las cabezas de los cárteles del “Triángulo Dorado”, y se produjo la primera asociación entre policías, militares y narcotraficantes.

Esa nueva alianza traslado sus principales actividades delictivas al estado de Jalisco y de esa manera nació el germen del Cártel de Guadalajara, luego motejado como CJNG.

De esa forma, en Jalisco y en todo el centro del país comenzó la alianza entre los tres órdenes de gobierno –federal, estatales y municipales–, con los cárteles de las drogas; una alianza que se extendió en el gobierno de López Portillo, de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. 

   Sin embargo, con el nacimiento del Partido Morena y la llegada al poder de López Obrador, se renovó el pacto entre política y crimen organizado, para dar inicio no solo a los “narco-partidos”, sino a los “narco-presidentes” –como AMLO y Claudia Sheinbaum–, además de los “narco-gobernadores”, “narco-alcaldes” y “narco-diputados”.

Y es que desde que López Obrador llegó al poder al llamado Distrito Federal, inició un proceso de negociación con los grupos criminales, a los que prometió amnistía, a cambio de financiar los afanes electorales y políticos de los aspirantes de Morena a cargos de elección popular.

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Vale recordar que del año 2000 a 2005, la capital del país vivió una de las peores etapas de violencia, secuestro y crimen, que no sólo eran tolerados, sino estimulados desde la jefatura de gobierno del DF.

Curiosamente hoy, una vez que murió el “jefe de jefes”, el gobierno de Estados Unidos repite la amenaza lanzada por Richard Nixon en 1969, del siglo pasado para combatir a los “narcopolíticos” mexicanos

En efecto, con fecha del 17 de noviembre del 2026, el director de la DEA, Terry Cole, dio a conocer el siguiente mensaje en redes sociales.

“La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades. La DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses.

“No nos estamos echando para atrás”. (FIN DE LA CITA)

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En pocas palabras, todos en el Partido Morena están en riesgo de ser exhibidos como lo que siempre han sido; “narco-políticos”.

Al tiempo.

ITINERARIO/RICARDO ALEMÁN 

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Veracruz en el mapa de la inflación: el costo de la tarifa eléctrica

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Métricas políticas.

Mtro. Benjamín Pazos Rincón. 

Contacto: pazosrinconbenjamin@gmail.com.

De acuerdo con el documento de México: ¿cómo vamos?  (2026), la inflación anual en México registró un repunte al alcanzar el 3,75%, provocando que el semáforo nacional regresara a color amarillo tras haber permanecido cuatro meses en verde. Este incremento general estuvo impulsado tanto por la inflación subyacente, que subió a 3,80%, como por el componente no subyacente, que se ubicó en 3,59%. Entre los principales factores que presionaron los precios al alza destacaron la electricidad, tras concluir los subsidios de temporada cálida, el transporte aéreo y ciertos productos agrícolas. Paralelamente, el Banco de México (Banxico) continuó ajustando su postura monetaria, implementando un nuevo recorte de 25 puntos base en noviembre para dejar la tasa de referencia en 6,25%. Finalmente, el reporte señala que este fenómeno no es homogéneo en todo el territorio nacional, ya que estados como Quintana Roo y Jalisco reportaron las mayores tasas anuales, mientras que regiones como Baja California y Tamaulipas registraron los niveles más bajos.

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Figura 1.

¿Cuál fue la tasa de inflación general?

En octubre la tasa de inflación general anual en México fue de 3.75%. Este resultado representó un aumento frente al 3,45% anual registrado en septiembre, acumulando tres meses consecutivos al alza. Con este nivel, el semáforo nacional de inflación regresó al nivel amarillo tras haber estado cuatro meses en verde. Al desglose de los componentes generales:

  • Inflación subyacente: se ubicó en 3,80% anual (frente a 3,75% en septiembre).
  • Inflación no subyacente: subió a 3,59% anual (desde el 2,45% observado el mes anterior).

¿Qué productos tuvieron mayor incidencia mensual?

Para el mes de octubre, los productos y servicios genéricos con mayor incidencia mensual (es decir, los que aportaron la mayor contribución en puntos porcentuales al alza de la inflación general) fueron los siguientes:

  • Electricidad: aportó una incidencia de 0.215 puntos porcentuales, con una variación mensual de 18,51%. Su aumento estuvo impulsado principalmente por la conclusión del subsidio eléctrico de temporada cálida en 18 ciudades del país.
  • Transporte aéreo: aportó una incidencia de 0.068 puntos porcentuales, con una variación mensual de 26,36%.
  • Jitomate: aportó una incidencia de 0.055 puntos porcentuales, con una variación mensual de 9,68%.
  • Gas doméstico LP: aportó una incidencia de 0.051 puntos porcentuales, con una variación mensual de 3,67%.
  • Tomate verde: aportó una incidencia de 0.040 puntos porcentuales, con una variación mensual de 35,58%.

Otros bienes y servicios que también destacaron por su contribución al alza de precios fueron la vivienda propia (incidencia de 0.036; +0,26%), la calabacita (incidencia de 0.024; +23,22%), los servicios profesionales (incidencia de 0.021; +9,88%), el huevo (incidencia de 0.017; +2,16%) y los servicios turísticos en paquete (incidencia de 0.016; +8,72%).

¿Cómo ha afectado la inflación a los diferentes estados de México?

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La inflación no impacta de manera homogénea en todo el territorio mexicano. En octubre de 2026, existió una disparidad relevante entre los diferentes estados del país:

Estados con mayor inflación anual.

    • Quintana Roo: 5,1%
    • Jalisco: 5,0%
    • Colima: 4,8%
    • Yucatán: 4,7%
  • Veracruz: 4,4%

Estados con menor inflación anual.

  • Baja California: 2,6%
  • Tamaulipas: 2,6%
  • Tlaxcala: 2,7%
  • Nuevo León: 2,9%
  • Chihuahua: 3,0%

Un factor clave que influyó en el alza mensual de precios en diversas entidades fue el término del subsidio eléctrico por temporada cálida en 18 ciudades. Esto afectó a centros urbanos en estados de alta inflación, como Cancún (Quintana Roo), Mérida (Yucatán) y Veracruz (Veracruz).

¿Cómo influyó el fin del subsidio eléctrico en Mérida y Veracruz?

El fin del subsidio de temporada cálida tuvo un impacto directo en el repunte inflacionario de Mérida y Veracruz:

  • Fin de la tarifa de verano en 18 ciudades: durante octubre concluyó el programa de subsidio eléctrico de verano en 18 ciudades clave del país, entre las cuales figuran Mérida y Veracruz.
  • Mayor incidencia mensual en la inflación: la electricidad se convirtió en el producto genérico con mayor incidencia mensual en el alza general de precios en todo el país, registrando una variación mensual de 18,51%. A nivel anual, el precio de la electricidad se elevó a 4,67% en octubre (frente al 3,91% registrado en septiembre).
  • Presión sobre los energéticos: este ajuste en la tarifa eléctrica explicó en buena medida el repunte del rubro de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, el cual subió a 4,06% anual dentro de la inflación no subyacente.
  • Posicionamiento entre los estados más caros: el término del subsidio en estas ciudades contribuyó a que Yucatán (donde se ubica Mérida) y Veracruz se posicionaran entre las cinco entidades federativas con mayor inflación anual en octubre de 2026, alcanzando tasas de 4,7% y 4,4%, respectivamente.

¿Qué estados tuvieron la menor inflación?

Para octubre de 2026, las entidades federativas que registraron la menor inflación anual fueron:

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  • Baja California: 2,6%
  • Tamaulipas: 2,6%
  • Tlaxcala: 2,7%
  • Nuevo León: 2,9%
  • Chihuahua: 3,0%

Todas estas entidades se ubicaron por debajo de la tasa de inflación general nacional de 3,75% anual registrada en ese mismo mes.

Reflexiones finales.

Finalmente, el repunte inflacionario nacional del mes de octubre evidencia cómo los factores estacionales y regionales impactan de forma diferenciada en el presupuesto de las familias, siendo Veracruz un claro ejemplo al situarse como la quinta entidad con mayor incremento de precios en el país, alcanzando una tasa anual del 4,4%. Este nivel, notoriamente superior al promedio nacional del 3,75%, responde en gran medida al fin del subsidio eléctrico de temporada cálida en el estado, lo que resalta la alta vulnerabilidad del poder adquisitivo local ante el costo de los servicios básicos y subraya la importancia de articular medidas de apoyo y contención económica regional frente a la volatilidad de los energéticos.

Trabajos citados

México, ¿cómo vamos? (2026, 9 de noviembre). La inflación anual repunta a 3.75% en octubre; el semáforo vuelve a amarillo tras cuatro meses en verde. Obtenido de https://mexicocomovamos.mx

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.
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