Grupo Chespirito se deslindó de una serie de pintas aparecidas en calles de la alcaldía Cuauhtémoc que utilizan elementos relacionados con El Chapulín Colorado y que han sido vinculadas con Citlalli Hernández, dirigente de Morena.

Las imágenes muestran un corazón amarillo, las letras “CH” en color guinda y, en algunos casos, una silueta similar a la del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

Ante su aparición, Grupo Chespirito informó que no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas o propaganda política.

También aclaró que ninguno de los personajes de Gómez Bolaños está asociado con algún partido, candidato o movimiento.

Las pintas comenzaron a documentarse desde mediados de septiembre en diferentes puntos de la alcaldía Cuauhtémoc. La Jornada reportó además que en fotografías difundidas en redes aparece el exdelegado Agustín Torres participando en la colocación de estas imágenes.

Citlalli Hernández niega relación con las pintas “CH”

Las imágenes han sido relacionadas con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, debido a que las letras coinciden con sus iniciales.

Hernández, sin embargo, rechazó que las pintas formen parte de una campaña impulsada por ella. La morenista aseguró que actualmente está concentrada en sus responsabilidades dentro del partido y calificó como falsa la atribución de esa propaganda.

La polémica ocurre mientras su nombre aparece entre los perfiles considerados dentro de Morena para buscar la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027. Hasta ahora, su candidatura no ha sido formalizada.

En días recientes, figuras de Morena han expresado públicamente su respaldo a Hernández. Arturo Ávila dejó de buscar la candidatura y manifestó su apoyo a que ella encabece el proyecto del partido en la demarcación.

Por ahora, tanto Grupo Chespirito como Citlalli Hernández se han deslindado de las pintas, mientras continúa sin aclararse públicamente quién ordenó o financió su colocación.

Tras las inconformidades, críticas y amenazas de ruptura surgidas dentro de la alianza oficialista por la selección de coordinadores estatales rumbo a 2027, Morena anunció que hará públicos los resultados de las encuestas utilizadas para definir a sus perfiles. El anuncio de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara la necesidad de transparentar las mediciones para evitar suspicacias.

La mandataria “pidió” que se abrieran las encuestas con las que Morena ha sustentado sus decisiones internas. Aunque defendió el mecanismo como un proceso democrático, reconoció la necesidad de que los estudios sean conocidos públicamente. “En su momento tendrán que abrir todas las encuestas; ya decidirán ellas cuándo”, señaló al referirse a Montiel y a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Montiel respondió que los resultados serán difundidos una vez que concluya la selección de los 17 coordinadores estatales que participarán en el proceso rumbo a las elecciones de 2027. “Serán presentados “detalladamente, una por una”, una vez concluidas las definiciones”, afirmó Montiel.

Hasta ahora, Morena ha definido 10 de los 17 perfiles, mientras las decisiones han generado inconformidades en entidades como Guerrero, Zacatecas, Baja California y Quintana Roo.

La dirigente morenista aseguró que las mediciones también incluyeron las propuestas presentadas por sus aliados, PT y PVEM, y sostuvo que los resultados son firmes, es decir inapelables. Explicó que el procedimiento contempló distintos ejercicios, entre ellos encuestas telefónicas, mediciones presenciales y, en algunos estados, ejercicios espejo solicitados por los propios partidos aliados.

El problema es que la decisión de hacer públicas las encuestas llega después de que varios grupos internos y aliados cuestionaran la falta de transparencia. En Zacatecas, por ejemplo, la designación de Verónica Díaz provocó reclamos de sectores de Morena y del PT, mientras que este último partido ha expresado públicamente su molestia por la manera en que se han procesado algunas decisiones rumbo a 2027.

Desde Morena, Montiel ha insistido en que las propuestas del PT y PVEM fueron consideradas y llamó a conservar la coalición. “Aspiraría a que estemos todos juntos”, afirmó, al tiempo que aseguró que el proceso será puesto “arriba de la mesa”. El problema es que solo subirá el tema a la mesa después de las definiciones y que los aliados e inconformes no tenga margen de maniobra.

Así, la publicación de los resultados por parte de la dirigencia de Morena deberá mostrar qué midieron las encuestas, cómo se realizaron y qué resultados obtuvieron los aspirantes, en un proceso que ya ha dejado fuertes inconformidades

Dos iniciativas promovidas desde el oficialismo han colocado nuevamente en el centro del debate los límites entre regulación digital, protección de derechos y libertad de expresión. Las propuestas, una relacionada con derechos de autor y otra con propiedad industrial, han sido calificadas por sus críticos como “ley antimemes”, debido a que podrían tener consecuencias sobre parodias, caricaturas y contenidos políticos difundidos en redes sociales.

La primera iniciativa, discutida en la Cámara de Diputados, plantea modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor. Entre otros aspectos, contempla responsabilidades para proveedores de internet frente a determinados contenidos que infrinjan derechos protegidos y establece sanciones económicas que pueden alcanzar millones de pesos. La discusión fue frenada para incorporar precisiones, entre ellas aquellas que permitan distinguir entre una infracción a derechos de autor y expresiones amparadas por la sátira, la parodia, el periodismo o la crítica política. Esta propuesta contiene penas de sde 10 hasta los 4 años de prisión.

El segundo frente se encuentra en el Senado, donde se analiza una modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El punto que detonó las críticas es el artículo 403 Bis, que contempla penas de tres a siete años de cárcel para determinadas conductas relacionadas con el uso, reproducción o imitación de signos e identidad gráfica oficial, particularmente cuando exista una finalidad comercial y se busque inducir a error o engaño.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que una redacción amplia podría afectar parodias que utilicen símbolos oficiales y pidió introducir excepciones expresas para periodistas y contenidos satíricos.

La preocupación no quedó únicamente en el terreno partidista. El caricaturista Chavo del Toro reaccionó a la posibilidad de que las nuevas disposiciones alcancen el trabajo de los caricaturistas y resumió su postura con una frase: “Si quieren que estemos en la cárcel los caricaturistas, pues vamos a la cárcel, ya qué más”. La advertencia coincide con la de quienes consideran que cualquier regulación sobre contenidos digitales debe establecer límites claros para evitar que una norma diseñada para combatir abusos termine utilizándose como medio de censura contra expresiones de crítica política.

El antecedente de las redes y los “bots”

El debate ocurre además después de que diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila, propusieran crear una comisión especial para dar seguimiento a posibles casos de financiamiento extranjero, injerencia digital, bots, perfiles no auténticos y operaciones automatizadas de desinformación durante los procesos electorales. El planteamiento oficial es investigar redes coordinadas que puedan intervenir en la conversación pública y electoral.

La iniciativa ha generado otro debate: dónde termina el combate a una operación coordinada de manipulación y dónde comienza la vigilancia de la conversación política en internet. El texto presentado por los legisladores morenistas plantea identificar quién financia, quién opera y con qué propósito determinadas campañas digitales, bajo el argumento de proteger los procesos democráticos.

A ello se suma que el propio Arturo Ávila presentó el 22 de septiembre una iniciativa en materia de derechos digitales que, según el Sistema de Información Legislativa, incluye disposiciones para prohibir la censura previa, proteger la libertad de expresión de los usuarios y establecer reglas para las plataformas digitales. El proyecto también propone obligaciones de transparencia y mecanismos para limitar la difusión o acceso a información únicamente bajo determinadas condiciones.

La contradicción que plantean sus críticos

El contraste es precisamente uno de los puntos que han aprovechado los opositores para cuestionar las reformas: mientras algunas propuestas morenistas hablan de proteger la libertad de expresión y evitar la censura previa, otras iniciativas impulsadas desde el oficialismo son señaladas por sus críticos como potencialmente restrictivas cuando se trata de memes, parodias, imágenes modificadas o contenidos que utilicen elementos oficiales.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que la regulación de las redes sociales y de la inteligencia artificial es una discusión pendiente y que existen límites difíciles de definir. En una conferencia del 14 de septiembre, señaló que, particularmente en materia de IA, su propuesta contemplaba que durante las campañas políticas se identificara claramente cuando un contenido utilizara inteligencia artificial.

El gobierno también ha impulsado medidas para enfrentar usos indebidos de la IA. En abril, la Secretaría de Cultura informó sobre una reforma para proteger la voz, imagen y trabajo de artistas e intérpretes frente al uso indebido de estas tecnologías, pero subrayó que la legislación distingue entre suplantación indebida y usos legítimos como la parodia, la sátira y la imitación creativa.

El problema, por tanto, no está solamente en si el Estado debe combatir la manipulación digital, la suplantación o el uso ilegal de contenidos. La discusión de fondo es qué tan precisas serán las excepciones para la crítica política y qué ocurrirá con caricaturas, memes, montajes y parodias que utilizan elementos de gobiernos, funcionarios o instituciones para cuestionarlos. Mientras las iniciativas siguen su curso legislativo, periodistas y caricaturistas advierten que una legislación demasiado amplia podría terminar convirtiendo una herramienta para combatir abusos digitales en un mecanismo con efectos sobre la crítica al poder.