Una bebé de apenas un par de meses de nacida perdió la vida luego de haber broncoaspirado mientras era alimentada por su madre en un Kentucky Fried Chicken en Plaza San Diego. Esta situación provocó la movilización de los cuerpos de emergencia al lugar; sin embargo, poco pudieron hacer al respecto.

Todo comenzó la noche del pasado 6 de septiembre, cuando la madre se encontraba cenando al interior de un Kentucky Fried Chicken de Plaza San Diego, al mismo tiempo que amamantaba a su bebé de apenas dos meses de nacido. Fue en ese momento cuando el bebé se atragantó con la leche, por lo que ante esta emergencia, alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.

Ante esta situación paramédicos se movilizaron al lugar y a su llegada, solo pudieron confirmar que el bebé había broncoaspirado y que ya no contaba con signos vitales. Ante esta situación se procedió con el acordonamiento de la zona y más tarde, peritos llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades ya investigan este caso y tras concluir con los trabajos en el lugar, el cuerpo del bebé fue levantado y trasladado al Semefo para que se le realice la necropsia de ley y se confirme la causa de su muerte. Finalmente, si bien existían otras versiones sobre la muerte de la menor, estas han sido negadas y todo apunta a una broncoaspiración mientras era alimentada en el KFC de Plaza San Diego.

Durante las diligencias judiciales celebradas en agosto de 2026, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra Juan Pérez Moral, alcalde del municipio de San Juan Tianguismanalco, Puebla.

La Fiscalía General del Estado investiga al funcionario por su presunta responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una trabajadora al interior de la propia Presidencia Municipal.

Conflicto político por el relevo institucional

La situación legal del servidor público desató un complejo escenario administrativo cuando su suplente legal asumió el cargo vacante. La designación recayó directamente en Édgar Pérez Rosas, hijo del imputado, quien rindió protesta formal ante el cabildo tras haber sido registrado en la misma fórmula electoral que postularon los partidos Morena y PT durante los comicios de 2024.

Esta sucesión familiar generó severas críticas entre diversos sectores sociales y fuerzas políticas de la entidad. Los ciudadanos recriminaron la falta de mecanismos éticos inmediatos para impedir que un familiar directo ocupe el máximo cargo municipal bajo circunstancias de índole penal tan graves. La controversia escaló rápidamente en la opinión pública estatal.

Postura de los partidos políticos y revisión legal

Ante las críticas generalizadas, las dirigencias de los partidos involucrados fijaron posicionamientos públicos sobre el mecanismo de sustitución. Un representante partidista ante el órgano electoral reconoció que integrar al hijo como suplente constituyó una falla grave, aunque justificó que la legislación local vigente permitía dicho registro en las planillas municipales.

Asimismo, las autoridades partidistas prometieron implementar filtros de selección más rigurosos en futuros procesos electorales para evitar casos similares. Mientras tanto, el nuevo alcalde enfrenta el reto de administrar el municipio bajo el escrutinio constante de la ciudadanía y de las instancias fiscalizadoras del estado de Puebla.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la escuela militarizada “Ignacio Zaragoza”, ubicada en Puebla capital, por la posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por el uso indebido de uniformes y insignias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, informó sobre la acción legal a través de un video difundido en redes sociales. El funcionario explicó que la dependencia recibió múltiples alertas respecto a irregularidades dentro del plantel poblano, las cuales podrían estar vulnerando la normativa vigente.

Compromiso con la legalidad y los derechos humanos

El representante legal de la SEP fundamentó la denuncia en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece la obligación de los servidores públicos de notificar a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de la posible comisión de un delito.

Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso de velar por la seguridad, la integridad y el respeto a los derechos humanos de la niñez y juventud estudiantil. Corresponderá a las autoridades ministeriales deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones pertinentes a quienes resulten responsables.