columnas
Informe de Movilidad Social y Sistema de Cuidados 2026: un vínculo inseparable
#Columna
01/09/2026.
Mtro. Benjamín Pazos Rincón.
Contacto: pazosrinconbenjamin@gmail.com.
El pasado 26 de mayo se presentó el Informe de movilidad social y cuidados del Centro de Estudios Espinosa Yglesias 2026 (CEEY), que analiza cómo la distribución de las tareas de asistencia en el hogar condiciona el éxito económico y educativo en México. El documento muestra que las responsabilidades de cuidado recaen desproporcionadamente en mujeres, lo que limita su capacidad de acceder al mercado laboral y de lograr una movilidad ascendente. Los datos indican que el nacimiento en contextos con carencia de servicios de apoyo agrava la pobreza, pues las personas cuidadoras enfrentan mayores barreras que quienes no realizan estos trabajos. La investigación propone la creación de un Sistema Nacional de Cuidados para romper el ciclo de desigualdad y fomentar la igualdad de oportunidades. Finalmente, el informe destaca que la infraestructura pública de cuidados es un motor esencial para mejorar el bienestar emocional y profesional de la población.
Figura 1.
¿Qué es el Sistema Nacional de Cuidados?
El Sistema Nacional de Cuidados se concibe como un conjunto articulado de políticas, programas y acciones orientadas a garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, bajo un enfoque de derechos humanos. Sus pilares y características fundamentales incluyen:
- Su objetivo principal es transformar la organización actual del cuidado para que esta responsabilidad no recaiga exclusivamente en los hogares (y de forma desproporcionada sobre las mujeres y niñas). Busca distribuir estas tareas de manera equitativa y corresponsable entre los cuatro actores del «diamante del cuidado»: el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares, promoviendo una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
- Al tener los cuidados un impacto multidimensional en la vida de las personas, el sistema requiere integrarse e invertir en él a través de prácticamente todos los sectores públicos y económicos: salud, educación, desarrollo social, trabajo y los ámbitos económico, financiero y hacendario. Esto incluye hacer efectivo y universal el acceso a servicios para poblaciones prioritarias como la primera infancia, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o neurodivergencia, personas con enfermedades temporales o crónicas, y personas adultas mayores.
- El sistema no solo busca el bienestar inmediato de quienes reciben la atención, permitiéndoles invertir en su propia educación, cuidar de su salud física y mental, disfrutar de tiempo de descanso y participar activamente en el mercado laboral remunerado. Esto rompe el ciclo intergeneracional de desigualdad y permite que el origen social deje de determinar el destino de las personas.
En resumen, se trata de un esquema de protección social indispensable para transitar hacia una «sociedad del cuidado», donde el sostenimiento de la vida se asuma como una responsabilidad colectiva y un derecho universal interdependiente con el derecho al tiempo propio.
¿Qué barreras enfrentan las mujeres cuidadoras para ascender socioeconómicamente?
Las mujeres cuidadoras enfrentan múltiples barreras estructurales, de género y económicas que limitan severamente sus posibilidades de ascenso socioeconómico y movilidad social:
- Roles de género heredados y perpetuación del cuidado: la organización social del cuidado recae de manera desproporcionada y no remunerada sobre las mujeres y las niñas. Estos roles se transmiten entre generaciones como un asunto de género: el 37% de las mujeres cuyas madres realizaban trabajo no remunerado de cuidados directos (TNRCD) asumen actualmente esta misma responsabilidad, a diferencia de los hombres, donde apenas el 0,4% repite este patrón. Asimismo, existe una alta persistencia en el rol de cuidados: el 40 % de las personas que cuidaban a los 14 años en su hogar de origen continúan realizando tareas de cuidado en su hogar actual.
- Pérdida de oportunidades educativas: la carga de cuidados limita enormemente la movilidad educativa de las mujeres. Las personas cuidadoras cuyos padres solo alcanzan estudios de primaria o menos muestran una alta permanencia en ese mismo nivel educativo (42 %), y apenas un 7 % logra acceder a la educación profesional (en contraste con tasas de permanencia menores y mayor logro profesional en personas no cuidadoras).
- La dedicación excesiva a las tareas de cuidado reduce el tiempo disponible para otras actividades cruciales. El costo de oportunidad en tiempo para las mujeres y niñas implica el abandono de los estudios, del empleo, el sacrificio de su vida social e incluso el descuido de su salud física. Para las mujeres, en comparación con los hombres, su pérdida de tiempo libre es hasta 6 veces superior.
- La probabilidad de acceder a un empleo remunerado, sin importar el tipo de cuidados que se brinden. Quienes asumen el rol de cuidadoras directas no remuneradas (TNRCD) quedan atrapadas en un estrato que se ubica en la base de la clasificación ocupacional, en la cual se carece de ingresos, prestaciones o posibilidades de ascenso social. Aquellas que logran insertarse en el mercado laboral remunerado lo hacen en ocupaciones manuales de baja calificación (19%) o en el comercio (25%), experimentando una movilidad ocupacional ascendente de apenas el 34 %(frente al 63 % de quienes no asumieron estas responsabilidades de cuidado).
- El hecho de ser mujer tiene un peso hasta 10 veces mayor en la desigualdad de oportunidades de las personas cuidadoras en comparación con las personas que no asumen cuidados. De hecho, para quienes cuidan, la desigualdad de oportunidades explica el 52 % de la desigualdad en sus ingresos (frente al 37 % entre personas no cuidadoras). Esto confirma que las tareas de cuidado amplifican y distribuyen las desventajas de origen y de género.
- El desgaste físico y la sobrecarga emocional deterioran significativamente el bienestar de las cuidadoras, afectando sus capacidades y disminuyendo su esperanza de vida, y perciben que todo representa un gran esfuerzo (24 puntos porcentuales).
Figura 2.
¿Qué recomendaciones se desarrollan para aumentar la movilidad social?
Para impulsar la movilidad social, el informe desarrolla una serie de recomendaciones estratégicas dirigidas a la reorganización social del cuidado y la transformación de las políticas públicas:
-
- Se recomienda avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (y sus respectivos sistemas estatales) que articule políticas, programas y acciones bajo un enfoque de derechos humanos. Este sistema debe garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, promoviendo la corresponsabilidad entre los cuatro actores clave: el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares.
- Debido a que el cuidado tiene múltiples efectos en los logros de vida, el informe señala que las medidas no pueden limitarse a un solo sector. Se requiere integrar el Sistema de Cuidados e invertir en él de manera transversal a través de los sectores: salud, educación, desarrollo social y trabajo.
- Es indispensable integrar la dimensión de los cuidados en el análisis de los problemas sociales para poder definir el diseño de programas y políticas públicas efectivas.
- Se propone implementar programas de formación orientados a que el gobierno, las comunidades, las empresas y los hogares comprendan el costo social y económico de la transmisión intergeneracional de los roles de género y las responsabilidades de cuidado.
- Dado que los recursos son limitados, se recomienda dirigir de forma prioritaria los esfuerzos de provisión de servicios, apoyos y medidas de corresponsabilidad hacia los sectores de la población donde las necesidades de cuidado son más apremiantes y los recursos económicos son más escasos.
- Se debe garantizar el acceso universal y de calidad a servicios de cuidado para poblaciones específicas: niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas con neurodiversidad, enfermos temporales o crónicos, y adultos mayores.
- Es necesario implementar medidas específicas en el ámbito laboral y educativo para reducir la desigualdad de oportunidades que enfrentan las personas cuidadoras, para que puedan continuar con sus estudios, atender su propia salud física y mental, y disfrutar de tiempo libre.
¿Cómo influye la infraestructura en la movilidad social?
La disponibilidad de infraestructura y servicios de cuidado en el entorno local tiene un impacto directo y determinante en las posibilidades de movilidad social de las personas, especialmente para aquellas que provienen de los sectores con menores recursos. De acuerdo con la evidencia del informe, la infraestructura influye a través de los siguientes aspectos fundamentales:
figura 3.
¿Qué impacto tiene la desaparición de las Estancias Infantiles en la movilidad social?
La desaparición o ausencia de estancias infantiles y servicios de cuidado infantil tiene consecuencias críticas para la movilidad social, pues bloquea las oportunidades de ascenso para los hogares de menores recursos y profundiza la brecha de género:
- Aumento de la persistencia en la pobreza (trampa de inmovilidad): cuando una localidad carece de servicios de cuidado infantil, la inmovilidad social se dispara de forma alarmante. El 79 % de las personas nacidas en los hogares con menos recursos (grupos 1 y 2) permanecen atrapadas en la base de la distribución socioeconómica durante su vida adulta. En contraste, en localidades que sí cuentan con estos servicios, la persistencia disminuye al 59 %. Esto significa que la ausencia de esta infraestructura condena a un 20% más.
- Reducción drástica de la movilidad de largo alcance: la probabilidad de que una persona nacida en el estrato más bajo logre llegar a la cúspide socioeconómica (grupo 5) se reduce a menos de la mitad. En comunidades sin servicios de cuidados, esta probabilidad es de apenas el 2%, mientras que en entornos con infraestructura es del 5% (es decir, 2,5 veces mayor cuando existen servicios disponibles).
- Pérdida de un motor de salida de la pobreza: la presencia específica de estancias infantiles incrementa por sí sola en un 41 % la probabilidad de que una persona cuidadora logre salir del grupo con menos recursos económicos. Retirar o desaparecer este servicio anula directamente este impacto positivo en el ingreso de las familias.
- Exclusión laboral de las mujeres: facilitar el acceso a servicios como las estancias infantiles y la educación inicial contribuye de manera directa a que las mujeres puedan participar en el mercado de trabajo remunerado y reducir las limitaciones de tiempo en su oferta laboral. Al desaparecer las estancias, el cuidado directo no remunerado vuelve a recaer plenamente en las mujeres dentro del hogar.
- Abandono educativo y pobreza de tiempo: la falta de alternativas de cuidado infantil obliga a las mujeres y niñas del hogar a asumir estas responsabilidades, lo que fuerza a abandonar la escuela o el trabajo formal. Esto incrementa su costo de oportunidad en tiempo, el cual ya se estima entre 3 y 4 veces mayor que para los hombres, y reduce su tiempo libre hasta 6 veces más en comparación con ellos.
- La desaparición de esta infraestructura no solo limita el bienestar inmediato de la generación actual de cuidadoras, sino que consolida la transmisión intergeneracional de la pobreza al afectar la acumulación de capital humano, el desarrollo de capacidades de las primeras infancias y el ingreso disponible de los hogares.
¿Cuáles son las pérdidas financieras a largo plazo que sufren las mujeres por asumir tareas de cuidado ante la falta de apoyo institucional?
De acuerdo con el modelo de costo-beneficio y los análisis financieros presentados en el informe, asumir responsabilidades de cuidado ante la falta de apoyos institucionales genera pérdidas económicas profundas y persistentes para las mujeres, afectando tanto su ingreso inmediato como sus posibilidades de bienestar a largo plazo:
- El desvanecimiento del beneficio económico con la edad.
- Aunque contar con prestaciones o espacios de cuidado infantil se asocia con beneficios económicos iniciales para las personas de entre 25 y 59 años con trabajo remunerado, la situación es diferente para quienes asumen tareas de cuidado directo en el hogar. Para estas personas, se registra un beneficio únicamente entre los 25 y 33 años de edad. Posterior a este rango, dicho beneficio se desvanece por completo como resultado de las pérdidas financieras experimentadas por cuidar de alguien, ya que a largo plazo la carga acumulada de los costos de cuidar supera con creces a los ingresos obtenidos.
- Un desmedido costo de oportunidad en tiempo y capacidades.
- La falta de infraestructura de cuidado obliga a las mujeres a absorber la demanda de trabajo no remunerado de forma interna, sacrificando su desarrollo individual. Este costo de oportunidad (que implica abandonar la escuela o el trabajo y desatender la salud física) se estima entre 3 y 4 veces más para las mujeres que para los hombres, en comparación con los varones, lo que restringe sus opciones laborales y su acumulación de capacidades.
- Precarización extrema de ingresos: El estrato TNRCD.
Cuando la falta de alternativas institucionales impide la inserción laboral de las mujeres, estas suelen quedar confinadas en el estrato de Trabajadoras No Remuneradas de Cuidados Directos (TNRCD), que constituye el eslabón más desfavorecido de la estructura social.
- Sobreviven con un ingreso mensual per cápita promedio de apenas $3,885 pesos. Esto contrasta gravemente con los ingresos de hogares en estratos no manuales de baja calificación (NMBC), donde el ingreso per cápita promedio asciende a $12,230 pesos (más de tres veces mayor).
- El 20 % de menores ingresos en el país y solo el 49 % tienen acceso a servicios de salud.
- Castigo a la movilidad laboral e intergeneracional.
Para las mujeres que intentan compaginar el cuidado no remunerado con un empleo, la penalización económica es severa:
- La tasa de movilidad ocupacional ascendente de quienes realizan tareas de cuidados no remuneradas es de apenas el 34 %, prácticamente la mitad del 63 % que registran las personas libres de estas cargas.
- Las madres cuidadoras (TNRCD) heredan exactamente el mismo rol de exclusión laboral. Del 63 % restante que logra ingresar al mercado de trabajo remunerado, la gran mayoría es canalizada hacia ocupaciones manuales de baja calificación (19 %) o al sector del comercio (25 %), caracterizados por ingresos bajos y nulas prestaciones.
- Presión financiera directa y endeudamiento familiar.
Cuando el hogar debe asumir el cuidado de personas con discapacidad o adultos mayores sin apoyo del Estado, se generan desequilibrios financieros críticos en la economía familiar:
- Se incrementa de forma estadísticamente significativa la probabilidad de que los hogares tengan que pedir dinero prestado o reasignar recursos de manera extrema.
- El gasto en alimentación puede sufrir recortes importantes para financiar los insumos médicos, de vivienda o las necesidades terapéuticas que el cuidado especializado requiere.
En conclusión, la carencia de un Sistema de Cuidados sólido no solo empobrece a las mujeres en el presente al privarlas de ingresos propios, sino que destruye su seguridad económica futura y perpetúa la pobreza familiar a lo largo de generaciones.
Reflexiones finales:
De acuerdo con los resultados y recomendaciones del Informe de Movilidad Social y Cuidados 2026 del CEEY, se muestra cómo la inequitativa distribución de las labores de cuidado en México actúa como una barrera estructural de género que restringe drásticamente las oportunidades de desarrollo educativo, laboral y de salud física y mental para las mujeres. La investigación pone en evidencia que la ausencia de infraestructura pública (como estancias infantiles y centros de salud) atrapa a las cuidadoras en trampas de pobreza y disminución de la movilidad social de la que resulta sumamente difícil escapar. Por lo tanto, se vuelve indispensable la implementación integral de un Sistema Nacional de Cuidados orientado bajo la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidad y familias; esto no solo garantizará el derecho universal al cuidado, sino que resultará una inversión social vital para desarticular la transmisión intergeneracional de la desigualdad en mujeres.
Trabajos citados
Orozco Corona, M. (2026). Informe de movilidad social y cuidados: un vínculo inseparable. Centro de Estudios Espinosa Yglesias. CDMX: CEEY. Obtenido de www.ceey.org.mx
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Privación relativa y pobreza en el sur: la urgencia estructural de Veracruz
#Columna
19/10/2026.
Mtro. Benjamín Pazos Rincón.
Contacto: pazosrinconbenjamin@gmail.com.
El reporte realizado por el CEEY (2026) examina la pobreza en México para el año 2023, centrándose en adultos de entre veinticinco y sesenta y cuatro años, así como en menores de edad, mediante la aplicación del enfoque de privación relativa. Este marco metodológico se fundamenta en los preceptos teóricos de Peter Townsend, que establecen una conexión directa entre los recursos disponibles y las carencias materiales y sociales. Para su implementación práctica, los autores utilizan el método consensual de privación, incorporando un módulo de quince reactivos dentro de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México. De este modo, la investigación busca actualizar los parámetros de medición de la pobreza a través de modelos reflexivos de variables latentes, evaluando rigurosamente los posibles errores de medición para garantizar estimaciones más precisas y confiable.
Figura 1.
¿Cómo funciona el enfoque de privación relativa y su origen?
El enfoque de privación relativa es una de las tradiciones teóricas y metodológicas más influyentes en la medición científica de la pobreza. A diferencia de las mediciones que únicamente observan mínimos biológicos de subsistencia, propone entender la pobreza en relación con los estándares y costumbres prevalecientes en una sociedad determinada:
- Origen del enfoque.
- Peter Townsend (décadas de 1960 y 1970): el enfoque fue fundado por el sociólogo británico Peter Townsend, culminando en 1979 con la publicación de su obra emblemática Pobreza en el Reino Unido: una encuesta de los recursos y los estándares de vida de los hogares (Poverty in the United Kingdom). Townsend formuló la premisa de que la pobreza no es solo carecer de lo vital para sobrevivir, sino quedar excluido del modo de vida ordinario de la comunidad por falta de recursos (rezago social).
- El Método Consensual de Privación (1985): dado que Townsend eligió de forma unilateral la lista de necesidades de su estudio inicial, Joanna Mack y Stewart Lansley desarrollaron en 1985 el Método Consensual de Privación (MCP). Este método permitió consultar democráticamente a la sociedad para establecer qué bienes o servicios son indispensables y distinguir si una carencia ocurre por falta de recursos económicos o por preferencia personal.
- Modelos reflexivos y de variables latentes (siglo XXI): a principios de este siglo, investigadores como David Gordon integraron el uso de modelos de variables latentes (modelos reflexivos). Esto transformó el enfoque en un marco riguroso que permite evaluar y controlar formalmente los errores aleatorios (confiabilidad) y sistemáticos (validez) de las mediciones.
- ¿Cómo funciona el enfoque de privación relativa?
El funcionamiento del enfoque se articula a través de varios pilares teóricos y empíricos:
- Definición operacional de la pobreza: los individuos, familias o grupos están en situación de pobreza cuando sus recursos son tan inferiores a los del promedio que carecen de lo necesario para obtener la dieta, participar en las actividades y tener las condiciones de vida o comodidades que son habituales o aprobadas en la sociedad a la que pertenecen.
- Relación causa-efecto (recursos vs. carencias): sostiene que la causa es la insuficiencia de recursos en el tiempo (ingresos, activos, beneficios en especie, servicios públicos) y la consecuencia son las carencias materiales y sociales. Si la falta de un bien no se debe a restricciones de recursos (sino a decisión personal o falta de provisión/cobertura pública), no se clasifica como una manifestación de pobreza.
- Consenso social sobre necesidades: bajo el MCP, la propia sociedad define qué ítems son necesidades socialmente percibidas para vivir con dignidad. Posteriormente, se evalúa en encuestas si los hogares tienen o carecen de esos bienes específicamente por falta de dinero.
- Conjetura del punto de corte no lineal: Townsend supuso que la relación entre los recursos y las carencias no es lineal: existe un umbral o nivel de recursos a partir del cual el riesgo de sufrir múltiples carencias se incrementa sustancialmente. Mediante técnicas estadísticas avanzadas (como el Análisis de Clases Latentes), se identifica ese punto de corte para separar al grupo pobre del no pobre de manera empírica y con bajo error de clasificación.
- Clasificación dinámica en cuatro grupos: al cruzar simultáneamente el nivel de ingresos con el número de carencias, el enfoque clasifica exhaustivamente a la población en cuatro categorías:
- Pobre: ingresos inferiores al umbral y presencia de múltiples carencias (por ejemplo, dos o más).
- No pobre: ingresos suficientes e inexistencia (o máximo una) de carencias.
- Cayendo en la pobreza: ingresos por debajo del umbral, pero con pocas o ninguna carencia; es una población vulnerable que, de mantener bajos ingresos, terminará sumando carencias de forma progresiva.
- Saliendo de la pobreza: ingresos por encima del umbral, pero aún arrastra carencias; al mantener sus ingresos, podrá destinarlos a subsanar sus privaciones con el tiempo.
- Abordaje basado en modelos reflexivos: a diferencia de los enfoques formativos (donde los indicadores definen el concepto), el enfoque de privación relativa asume que la pobreza es un concepto latente uniforme que se refleja en los indicadores. Esto permite sustituir indicadores en el tiempo sin alterar el concepto de pobreza ni perder la comparabilidad.
¿Cuáles fueron los principales resultados de pobreza en México?
Los principales resultados de la medición de pobreza en México para 2023 bajo el enfoque de privación relativa (aplicado a partir de la encuesta ESRU-EMOVI 2023) se resumen a continuación:
- Pobreza nacional y clasificación en cuatro grupos (adultos de 25 a 64 años).
Con un umbral de ingreso fijado en $5,180.00 mensuales per cápita y un punto de corte empírico de 2 o más carencias, la población adulta se distribuye en cuatro categorías:
- Pobre (30,2% / 19.4 millones de personas): disponen de un ingreso per cápita inferior a $5,180.00 y enfrentan en promedio 4.8 carencias de las 11 evaluadas.
- No pobres (42,8% / 27.5 millones de personas): tienen ingresos superiores al umbral y registran como máximo una carencia (0.3 en promedio).
- Cayendo en la pobreza (20,1% / 12.9 millones de personas): cuentan con un ingreso inferior a $5,180.00, pero actualmente solo tienen 0 o 1 carencia. De mantener ingresos bajos, están en riesgo latente de sumar carencias.
- Saliendo de la pobreza (6,9% / 4.4 millones de personas): tienen ingresos iguales o superiores a $5,180.00, pero aún arrastran 2 o más carencias (3.4 en promedio).
- Pobreza en la infancia y adolescencia (Menores de 18 años)
La pobreza afecta de manera significativamente más severa a la población infantil y adolescente:
- 44,8% de los menores de 18 años viven en situación de pobreza, en comparación con el 30,2% de los adultos.
- Solo el 28,5% de los menores forma parte de la categoría no pobre.
- Un 20,6% se clasifica en situación de cayendo en la pobreza y un 6,2% en saliendo de la pobreza.
- Disparidades territoriales y ámbito rural/urbano.
-
- Brecha regional: la región Sur registra la mayor prevalencia de pobreza del país, con un 51,6% en adultos y un 66,3% en menores de 18 años. En contraste, la región Centro-Norte reporta la menor tasa de pobreza en adultos (13,8%) y menores (23,8%), aunque presenta la proporción más alta de población en riesgo de empobrecimiento (cayendo en la pobreza), con un 28,9%.
- Rural vs. Urbano:
- En adultos, la pobreza en el ámbito rural es del 48,4% (casi 1 de cada 2 personas), frente a un 25,1% en zonas urbanas.
- En menores de 18 años, la pobreza rural se eleva al 62,6%, comparada con el 39,8% en zonas urbanas.
- Brechas sociodemográficas y de mercado laboral.
- Brecha de género: la tasa de pobreza en mujeres (35,1%) supera en 10.5 puntos porcentuales a la de los hombres (24,6%), brecha explicada por menores ingresos y mayor riesgo de carencias individuales.
- Población indígena: el 59,0% de las personas indígenas vive en situación de pobreza, frente al 27,9% de la población no indígena.
- Nivel educativo: la pobreza disminuye drásticamente conforme aumenta la escolaridad: alcanza el 52,1% entre quienes tienen primaria o menos, el 35,5% con secundaria, el 16,1% con educación media superior, y apenas el 2,3% en personas con nivel profesional.
- Estatus ocupacional: tener empleo no garantiza salir de la pobreza: el 26,8% de la población ocupada es pobre. Por posición en el trabajo, la pobreza impacta principalmente a jornaleros o peones (58,9%), trabajadores sin pago (51,4%) y trabajadores por cuenta propia (35,3%), mientras que solo afecta al 8,6% de los empleados gubernamentales.
- Carencias más prevalentes por falta de recursos.
Las privaciones más frecuentes se relacionan con la salud y las necesidades de los menores:
- Un 40% de los adultos en hogares con menores declara no tener recursos para disponer de un escritorio iluminado para tareas o lectura.
- Un 33% carece de recursos para realizar un chequeo médico anual a los infantes del hogar.
- Más del 30% no puede costear estudios o tratamientos médicos solicitados por un doctor, ni adquirir los medicamentos recetados.
- Un 25% carece de recursos para recibir atención médica cuando enferma.
- Comparación con la medición oficial (CONEVAL)
A nivel agregado, la prevalencia general de pobreza en adultos estimada con el enfoque de privación relativa (30,2%) es muy cercana a la medición oficial multidimensional del CONEVAL calculada con ENIGH 2022 (31,9%). Sin embargo, existen diferencias acentuadas en las categorías intermedias de vulnerabilidad debido a la forma en que cada enfoque define y valida sus umbrales.
¿Cuáles fueron los resultados para el estado de Veracruz?
El reporte no incluye cifras ni resultados desglosados de forma individual para el estado de Veracruz. La encuesta ESRU-EMOVI 2023 no fue diseñada para ofrecer representatividad estatal, por lo que el estudio agrupa el territorio en cinco grandes regiones geográficas. Veracruz forma parte de la Región Sur (junto con Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Los datos agregados para la Región Sur muestran la situación más desfavorable del país:
Pobreza en la Región Sur.
Población adulta (25 a 64 años):
- Pobre: 51,6% (Poco más de la mitad de los adultos vive en pobreza, siendo la tasa más alta del país y casi cuatro veces superior a la de la región centro-norte).
- Cayendo en la pobreza: 17,3% (personas con ingresos inferiores al umbral de $5,180.00 pero que aún tienen una o ninguna carencia).
- Saliendo de la pobreza: 5,1%.
- No pobre: 26,0%.
Población infantil y adolescente (menores de 18 años):
- Pobre: 66,3% (Dos de cada tres menores en el Sur viven en situación de pobreza).
- Cayendo en la pobreza: 14,4%.
- Saliendo de la pobreza: 3,8%.
- No pobre: Apenas el 15,5%.
Figura 2.
Reflexiones finales
Por lo tanto, la aplicación del enfoque de privación relativa confirma que la pobreza en México no solo responde a la insuficiencia de ingresos, sino a una severa exclusión de los estándares sociales mínimos de vida, reflejando disparidades estructurales donde la región Sur (eje de articulación de Veracruz) encabeza la mayor precariedad nacional con un 51,6% de adultos y un alarmante 66,3% de la infancia y adolescencia en situación de pobreza. Al integrarse Veracruz en esta dinámica regional, resulta evidente que las fallas en el acceso efectivo a la salud, la calidad de la vivienda, la protección social y el empleo formal agudizan la vulnerabilidad de las familias veracruzanas, haciendo indispensable reorientar la política pública regional hacia la creación de oportunidades sostenibles e inversión en infraestructura básica que impida que un 17,3% adicional de la población continúe cayendo en la pobreza.
Trabajos citados
Nájera Catalán, H., & Cortés Cáceres, F. (2026). Pobreza en la población de 25 a 64 años en México, 2023: Enfoque de privación relativa. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM; Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Obtenido de www.ceey.com.mx
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¿QUIÉN ES LEONARDO CORNEJO SERRANO, FUNCIONARIO DE ROCÍO NAHLE VINCULADO CON AMILCAR OLAN?
#Columna
Por Alexandro Vázquez Loyo
Las filtraciones continúan sacudiendo a la cúpula morenista. Una nueva serie de audios dados a conocer por Latinus exhiben con claridad quirúrgica la relación entre el polémico empresario Amílcar Olán -cercano a Andrés “Andy” López Beltrán- y Leonardo Cornejo Serrano, exgerente de la Refinería Olmeca en Dos Bocas y actual titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en el gobierno de Rocío Nahle.
En las grabaciones, Olán no escatima en descripciones sobre la jerarquía del funcionario, a quien califica como el «mero mero» de la obra:
«Camino aquí a la refinería que tengo reunión acá a las 11, pero voy súper tarde […] Ya le avisé a Leonardo, el mero mero de toda la refinería».
En otro fragmento, al estipular la prioridad del encuentro, acota: «A las 7 de la noche reunión con Leonardo Cornejo. Traigo reunión con él y la verdad es que para mí es muy prioritario verlo». Según las indagatorias de Latinus, estas gestiones derivaron en la adjudicación de contratos por veintidós mil millones de pesos para la emblemática refinería del sexenio pasado, una obra caracterizada por sus multimillonarios sobrecostos y retrasos operativos.
De burócrata transexenal a operador intocable
Pero, ¿quién es realmente Leonardo Cornejo Serrano? Su historial técnico en el sector energético abarca más de tres décadas de supervivencia institucional a través de múltiples administraciones.
De acuerdo con su declaración patrimonial, su trayectoria comenzó entre 1994 y 1996 como ingeniero de procesos en Investigación de CIATEQ, A.C. Posteriormente, escaló posiciones técnicas en Pemex Gas y Petroquímica Básica hasta convertirse, en 2004, en líder de proyectos de inversión y, dos años más tarde, en gerente de los mismos.
Para 2010 asumió la gerencia de proyectos de ampliación de capacidad en Pemex Refinación, cargo que desempeñó hasta 2014, año en el que ascendió a subdirector de proyectos. Sin embargo, su salto político definitivo ocurrió en 2020, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo designó responsable directo de la construcción de la Refinería Olmeca, bajo la tutela de la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle. Su carrera continuó con un breve paso como subdirector corporativo de Proyectos de Transformación Industrial de Pemex (2024-2025), antes de ser invitado por la propia Nahle a encabezar la SIOP en Veracruz tras los comicios estatales.
Un historial marcado por la opacidad y los escándalos
El paso de Cornejo Serrano por la administración pública federal dista de ser un ejemplo de probidad técnica.
Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron que durante la edificación de Dos Bocas se impuso una opacidad sistemática, censurando hasta el 99 por ciento de la información relativa al gasto real. Entre los contratos bajo la lupa destacan cuatro asignaciones otorgadas a Baker Hughes, la firma vinculada al escándalo de la «Casa Gris» en Houston.
Aunado a ello, en 2023 su nombre emergió en los expedientes del Caso Odebrecht. Registros oficiales confirmaron que Cornejo Serrano recibió en al menos cuarenta y seis ocasiones a Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de la constructora brasileña en México, quien confesó el esquema de sobornos entregados a Emilio Lozoya a cambio de contratos en la refinería de Tula. Pese a estos antecedentes y señalamientos documentados, su figura fue absorbida y protegida por la estructura de poder oficialista.
Exigencia de rendición de cuentas
Bajo el discurso de la austeridad y la soberanía energética, se consumó una red de negocios millonarios entre compadres que hoy exhibe la profunda contradicción del régimen. La ciudadanía no puede tolerar la normalización de la opacidad ni el reciclaje de funcionarios cuestionados en puestos clave del servicio público. Es una afrenta institucional imperdonable que Rocío Nahle premie con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas a un personaje cuyo historial está manchado por los escándalos de Dos Bocas y Odebrecht. Veracruz exige una investigación a fondo, transparencia radical y castigo ejemplar; la impunidad no puede seguir despachando desde el Palacio de Gobierno.
Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo
Director general de Grupo Es Noticia, además de empresario del ramo turístico.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Mercadotecnia por el ITESM.
Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.
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El crimen somete al gobierno de Morelos
#Columna
La noticia es un verdadero escándalo.
Algo así como “los patos que le disparan a las escopetas”.
Peor aún, a nadie parece importarle que los grupos criminales dominantes –en entidades federativas como Morelos–, sean capaces de someter, secuestrar y hasta chantajear a la policía estatal.
Y todo mientras que la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia –del partido Morena–, deja hacer y deja pasar, al tiempo que la entidad morelense se ha convertido en una de las regiones más peligrosas del país y en donde crece de manera escandalosa el éxodo de familias completas que huyen de la violencia criminal.
Y es que el crimen y la violencia parecen imparable en Morelos, luego de que en los últimos 20 años llegaron al poder estatal y municipal, partidos políticos como el PRD y Morena, lo que ha convertido al otrora “paraíso de descanso” de los capitalinos, en un verdadero infierno.
Y la mejor prueba de ello la vivieron los morelenses apenas el pasado lunes 12 de octubre del 2026, luego de que la policía estatal dejó en libertad a José David Vergara –jefe del cártel “La Empresa”, para salvar la vida de tres policías que habían sido secuestrados por el grupo criminal.
Resulta que el lunes pasado, fue localizado y llevado a prisión el jefe del grupo criminal dominante en Morelos.
En respuesta a la detención de Vergara –motejado como “El Güero del Gym–, el cártel de “La Empresa” movilizó a cientos de ciudadanos sometidos mediante la violencia, quienes no solo provocaron bloqueos en las principales carreteras estatales, sino que secuestraron a tres policías.
Luego apareció el chantaje. Y es que el grupo criminal amenazó con privar de la vida a los policías secuestrados, si no era liberado “El Güero del Gym”. Al final de cuentas el gobierno estatal aceptó las condiciones exigidas por los criminales y dejó en libertad al jefe mafioso.
En pocas palabras, resulta que en el Estado de Morelos el verdadero poder lo tienen las mafias del crimen organizado, quienes han llegado al extremo de no sólo someter a la policía estatal, sino de impedir el despliegue de la propia policía federal.
¿Y cuál fue la respuesta del gobierno estatal?
Resulta que la gobernadora del estado de Morelos –de filiación morenista–, Margarita González Saravia, prefirió el silencio, mientras que desde Palacio, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Morelos es uno más de los “narco-gobiernos” de Morena.
Y es que “la señora presidenta” no sólo salió en defensa del gobierno estatal, sino que llegó al extremo de defender la liberación del jefe criminal –a cambio de liberar a los tres policías secuestrados–, porque según ella, esa fue la mejor forma de salvar vidas.
Así lo dijo Claudia Sheinbaum: “Son decisiones que se toman para salvar vidas”. (FIN DE LA CITA)
A su vez, Omar García Harfuch, jefe de la policía federal explicó que el operativo realizado por la policía de Morelos y en donde fue detenido el jefe de “La Empresa”, no era para capturar al jefe mafioso y que, por esa razón, no se contaba con los policías suficientes para reforzar la captura.
Lo cierto es que la señora presidenta y el jefe de la policía federal pueden decir misa y justificar –todo lo que gusten y manden–, al gobierno de morelense, pero al final de cuentas la conclusión es la misma; en el estado de Morelos, como en gran parte del país –y sobre todo en los gobiernos de Morena–, el verdadero poder está en manos de los cárteles criminales.
Grupos mafiosos que han llegado a extremos intolerables, como financiar las campañas de alcaldes, gobernadores y legisladores, lo que convierte al Estado mexicano en un verdadero “Narcoestado”.
¿Hasta cuándo?
Al tiempo.
ITINERARIO/RICARDO ALEMÁN
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