#Columna

24/08/2026.

Mtro. Benjamín Pazos Rincón. 

Contacto: pazosrinconbenjamin@gmail.com

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se detalla la actualización de las Líneas de Pobreza en México correspondientes al mes de julio de 2026, diferenciando entre los entornos rurales y urbanos. El documento establece el costo mensual necesario para acceder a la canasta alimentaria y a servicios básicos, funcionando como un indicador clave para medir la Pobreza Multidimensional (PM). Durante este periodo, se observó que la inflación anual de los productos básicos fue más pronunciada en las ciudades que en el campo, con incrementos impulsados principalmente por el costo de la comida fuera del hogar, la papa y la cebolla. Mediante el uso del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), estas estadísticas permiten evaluar si los ingresos de las familias son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 

¿Cuál es el costo de la canasta alimentaria?

El costo de la canasta alimentaria, técnicamente denominado Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), varía según el ámbito de residencia. Según los datos actualizados por el INEGI, los valores mensuales por persona son los siguientes:

• Ámbito rural: $1,894.69 pesos.
• Ámbito urbano: $2,545.72 pesos.

En comparación con el año anterior, el costo de estos productos alimentarios registró un incremento anual del 2,0 % en las zonas rurales y del 3,8 % en las zonas urbanas. Los rubros que más contribuyeron al alza en ambos sectores fueron los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar. Esta canasta alimentaria es el referente monetario utilizado para determinar si el ingreso de una persona es suficiente para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas. 

¿Qué incluye la canasta no alimentaria?

La canasta no alimentaria está conformada por un conjunto de bienes y servicios que se consideran necesarios para el bienestar de la población, más allá de la alimentación básica. De acuerdo con los indicadores presentados por el INEGI, los rubros que destacan dentro de esta canasta son:

• Transporte público: es uno de los componentes con mayor incidencia en el costo de la canasta, registrando incrementos anuales de hasta el 8,6 % en el ámbito rural.
• Educación, cultura y recreación: este rubro también es fundamental en la medición y mostró aumentos cercanos al 6 % anual tanto en zonas rurales como urbanas.

Para que un bien o servicio sea incluido en esta canasta, debe cumplir con criterios técnicos específicos, como ser considerado un bien necesario (cuya demanda no varía drásticamente ante cambios en el precio) y representar las necesidades de un grupo poblacional de referencia. En conjunto, el valor de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria define la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), que se situó en $3,494.78 en el ámbito rural y $4,884.09 en el urbano. 

¿Qué se considera pobreza extrema?

Bajo el enfoque de la Metodología Multidimensional de la Pobreza (MMP), una persona se considera en situación de pobreza extrema cuando se cumplen simultáneamente dos condiciones relacionadas con sus ingresos y sus derechos sociales:

• Bienestar económico: dispone de un ingreso mensual inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI). Esta línea equivale exclusivamente al valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes; es decir, su ingreso es tan bajo que, aun si lo dedicara por completo a la alimentación, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
• Derechos sociales: presenta tres o más carencias sociales de las seis que se evalúan en la metodología.

De acuerdo con los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza de 2024 (INEGI, agosto de 2025), el 5,3 % de la población en México se encontraba en situación de pobreza extrema, lo que representa aproximadamente 7,0 millones de personas. Esta cifra muestra una disminución respecto al 7,1 % registrado en 2022.

¿Qué es la pobreza multidimensional?

La pobreza multidimensional es una metodología de medición que reconoce que la pobreza no puede entenderse únicamente por falta de ingresos, sino que está directamente asociada con la imposibilidad de ejercer los derechos sociales establecidos en la Constitución. De acuerdo con los criterios de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), esta medición se estructura en dos grandes dimensiones:

1. Bienestar Económico.

Se mide a través del ingreso, el cual es fundamental para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades esenciales. Para determinar si un ingreso es insuficiente, se utilizan dos referentes monetarios actualizados mensualmente por el INEGI:

• Línea de Pobreza por Ingreso (LPI): Equivale al valor monetario de una canasta alimentaria más una canasta de bienes y servicios no alimentarios.
• Línea de Pobreza Extrema por Ingreso (LPEI): Representa únicamente el valor de la canasta alimentaria.

2. Derechos Sociales (Carencias).

Esta dimensión identifica si las personas presentan privaciones en seis indicadores específicos:

1. Rezago educativo: no concluir la escolaridad obligatoria en la edad esperada.
2. Acceso a los servicios de salud: falta de afiliación o acceso a instituciones médicas.
3. Acceso a la seguridad social: falta de prestaciones laborales o pensiones.
4. Calidad y espacios de la vivienda: problemas como hacinamiento o pisos y techos de materiales endebles.
5. Acceso a los servicios básicos en la vivienda: falta de agua, drenaje, electricidad o chimenea al cocinar con leña.
6. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad: inseguridad alimentaria o limitaciones en el consumo de alimentos.

Además, la medición considera el contexto territorial, que incluye el grado de cohesión social y la accesibilidad a carreteras pavimentadas.

• Pobreza multidimensional (PM): una persona se encuentra en esta situación cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es inferior a la Línea de Pobreza por Ingreso.
• Pobreza moderada (PMo): es aquella población que, siendo pobre, no cae en la categoría de pobreza extrema.
• Pobreza extrema (PE): ocurre cuando una persona presenta tres o más carencias sociales y dispone de un ingreso tan bajo que, incluso si lo dedicara por completo a la alimentación, no podría adquirir los nutrientes necesarios (ingreso por debajo de la LPEI).

¿Qué carencia es la más común en México?

De acuerdo con los resultados de la medición de 2024 presentados por el INEGI, la carencia social más común en México es la carencia por acceso a la seguridad social. A continuación, se detalla el porcentaje de la población afectada y el número de personas en millones para cada una de las seis carencias sociales medidas, ordenadas de mayor a menor frecuencia:

1. Carencia de acceso a la seguridad social: es la privación más extendida, afectando al 48,2 % de la población, lo que equivale a 62,7 millones de personas.
2. Carencia de acceso a los servicios de salud: se sitúa en segundo lugar con un 34,2 % (44,5 millones de personas).
3. Rezago educativo: afecta al 18,6 % de los mexicanos (24,2 millones de personas).
4. Carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad: presenta un porcentaje del 14,4 % (18,8 millones de personas).
5. Carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda: afecta al 14,1 % (18,4 millones de personas).
6. Carencia de calidad y espacios de la vivienda: es la menos frecuente de las seis, con un 7,9 % (10,3 millones de personas).

¿Qué estados de la república obtuvieron mayores porcentajes de pobreza multidimensional (2024)?

Los estados de la República Mexicana que registraron los mayores porcentajes de población en situación de pobreza multidimensional son los siguientes:

• Chiapas: 66.0 %

• Guerrero: 58.1 %

• Oaxaca: 51.6 %

• Veracruz de Ignacio de la Llave: 44.5 %

• Puebla: 43.4 %

• Tlaxcala: 40.8 %

Estos estados se encuentran significativamente por encima del porcentaje nacional, que se situó en 29,6 % para el año 2024. En contraste, las entidades con los menores porcentajes de pobreza multidimensional fueron Baja California (9.9 %), Baja California Sur (10.2 %) y Nuevo León (10.6 %).

Figura 1.

¿De acuerdo con la medición oficial de 2024, cuáles son los resultados para Veracruz?

De acuerdo con los resultados de la medición de la Pobreza Multidimensional 2024, el estado de Veracruz presenta los siguientes indicadores:

• Pobreza multidimensional: el 44,5 % de su población se encuentra en esta situación, lo que equivale aproximadamente a 3.601.900 personas. Con este porcentaje, Veracruz se ubica como la cuarta entidad con mayor proporción de pobreza en el país, solo por debajo de Chiapas (66,0 %), Guerrero (58,1 %) y Oaxaca (51,6 %).
• Pobreza extrema: el 8,8 % de los veracruzanos vive en condiciones de pobreza extrema, lo que representa a unas 713.900 personas. Al igual que en la medición general, el estado ocupa la cuarta posición nacional en este rubro. 

Estos datos sitúan a Veracruz con un 44,5 % significativamente por encima de la media nacional de 2024, la cual fue de 29,6 % para la pobreza multidimensional y de 5,3 % para la pobreza extrema.

Figura 2.

Reflexiones finales.

De acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza por Ingresos, se ponen en evidencia las presiones inflacionarias diferenciadas en el ámbito rural y urbano, que constriñen de manera directa la dimensión del bienestar económico en el hogar. En el marco del enfoque multidimensional, este encarecimiento del costo de vida incrementa la probabilidad de que los ingresos de las familias caigan por debajo del umbral del bienestar monetario, pero también agrava el impacto estructural de las carencias sociales de la población. En el caso de Veracruz, con un 44,5 % de su población en pobreza multidimensional y un 8,8 % en pobreza extrema, el deterioro del poder adquisitivo coexiste con acentuadas privaciones sociales, donde destacan el acceso a la seguridad social, servicios de salud y rezago educativo. Esta combinación demuestra que superar la pobreza multidimensional en la entidad no depende únicamente de la transferencia de ingresos para cubrir la canasta alimentaria, sino de una política pública integral enfocada en garantizar de forma efectiva los derechos sociales de la población más vulnerable.

Referencias

• INEGI. (11 DE AGOSTO DE 2026). LÍNEAS DE POBREZA (LP). CDMX : INEGI. Recuperado el 17 de julio de 2026, de www.inegi.org.mx 
• IINEGI. (Agosto 2025). POBREZA MULTIDIMENSIONAL 2024. DCMX: INEGI. Recuperado el 17 de julio de 2026, de https://www.inegi.org.mx

El Ayuntamiento de Ignacio de la Llave, Veracruz, impidió una “batalla de aura” en el parque municipal porque sus organizadores no solicitaron permiso para utilizarlo.

Las autoridades aclararon que la decisión no se relaciona con el contenido ni con los participantes. Cualquier actividad organizada en el parque debe cumplir requisitos administrativos y medidas de seguridad.

“Farmear aura” se popularizó en redes sociales para describir poses o movimientos con los que una persona busca parecer carismática, segura o llamativa ante los demás.

Evento no tenía permiso municipal

El ayuntamiento informó que no había autorizado la competencia. Por esa razón, no podría realizarse en el parque principal como estaba previsto.

La autoridad sostuvo que los permisos permiten ordenar los espacios públicos y verificar condiciones de seguridad para participantes y asistentes.

El comunicado provocó opiniones divididas. Algunos habitantes consideraron excesiva la medida y defendieron la actividad como una forma de convivencia sana entre jóvenes.

Un usuario recordó que anteriormente se realizaban batallas de rap en el mismo lugar sin permisos o impedimentos de las autoridades.

Otros ciudadanos respaldaron la decisión y señalaron que los organizadores debieron tramitar la autorización antes de convocar a los asistentes.

Jóvenes buscarán otra sede

Después del anuncio, algunos participantes afirmaron que buscarán otro espacio para realizar la competencia. No se informó si presentarán una nueva solicitud.

Las llamadas batallas de aura han surgido en distintos municipios de Veracruz como una adaptación presencial de una tendencia difundida en plataformas digitales.

En Xalapa se realizó un torneo el 19 de agosto. Decenas de jóvenes participaron mediante caminatas, poses y pasos frente al público, que respondió con aplausos y risas.

La convocatoria de Ignacio de la Llave no quedó cancelada definitivamente fuera del parque. Sus organizadores todavía podrían cambiar la sede o solicitar los permisos correspondientes para efectuarla posteriormente.

Durante el ejercicio fiscal de 2025, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, acumuló ingresos netos por 11 millones 848,349 pesos, según detalla el documento oficial de su situación patrimonial publicado recientemente en el portal gubernamental.

Tras diversas controversias sobre la visibilidad de su declaración en el servidor público, la mandataria estatal aclaró que su patrimonio actual refleja el esfuerzo acumulado a lo largo de 40 años de trayectoria laboral en el sector público y privado.

Desglose de ingresos y enajenación de bienes inmuebles

El reporte oficial especifica que la funcionaria percibió un millón 522,654 pesos anuales por el desempeño de sus funciones al frente del Poder Ejecutivo estatal. Además, el documento registra un apartado de otros ingresos que asciende a 10 millones 100 mil pesos, derivado principalmente de la venta de un inmueble y un vehículo. La propiedad inmobiliaria fue comercializada por casi 10 millones de pesos, habiendo sido adquirida originalmente en el año 2019 por un valor de dos millones de pesos.

Asimismo, la declaración detalla la posesión de otros bienes raíces adquiridos mediante compraventa y donación en diferentes fechas previas. Entre los activos reportados también figuraba una camioneta modelo 2016 que formaba parte de su patrimonio vehicular. La gobernadora reiteró ante los medios de comunicación que no tiene nada que ocultar y atribuyó la indisponibilidad temporal del documento a fallas técnicas de seguridad en la plataforma digital.

Transparencia institucional y el contexto político en Veracruz

La publicación de la declaración patrimonial busca disipar las dudas generadas entre diversos sectores sociales y actores políticos de la oposición. Las autoridades estatales enfatizan la importancia de mantener la rendición de cuentas abierta para la ciudadanía. Por lo tanto, los funcionarios públicos reafirman su compromiso con la legalidad y la fiscalización transparente de sus bienes.

Finalmente, la administración de Rocío Nahle continúa atendiendo las demandas de información pública mientras avanza la agenda gubernamental en la entidad veracruzana. El escrutinio sobre el patrimonio de los gobernantes fortalece la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del país. De este modo, el acceso público a estas declaraciones garantiza un ejercicio de gobierno más abierto y responsable.