#Columna

De nueva cuenta la noticia se conoció en la prensa extranjera.

Y también de nuevo se convirtió en una auténtica “bomba informativa” que no sólo ratifica que el gobierno mexicano solapa las raterías de los hijos del expresidente, López Obrador, sino que confirma que la “delincuencia de cuello blanco” está en los gobiernos de Morena.   

Y es que, en su edición del martes 29 de septiembre, el reputado diario norteamericano, The New York Times reveló que “Andy” López Beltrán comenzará a ser investigado por dos agencias de aquel país, a causas de sus presuntos vínculos con cárteles criminales en el contrabando de combustible.

Más aún, el diario señala que el hijo del expresidente habría intentado contactar a funcionarios de seguridad de Estados Unidos, a través de intermediarios, en más de una ocasión, durante el 2026.

Sin embargo, el diario también dice que, a pesar de los intentos reiterados, no se concretaron pláticas formales entre el hijo de AMLO y altos funcionarios de seguridad del gobierno de Trump.

Según el diario norteamericano, cinco distintas fuentes confirmaron que el gobierno de Washington revisa la información sobre “Andy” López Beltrán y sus presuntos nexos con el crimen organizado y con las mafias que controlan el contrabando de combustible a México.

Y frente al nuevo escándalo obliga preguntar.

¿Por qué el gobierno de México no ha iniciado ninguna investigación sobre el hijo predilecto de Obrador? ¿Por qué “Andy” está en la mira del gobierno norteamericano?

Lo cierto es que en México todos conocen las respuestas.

Sí, todos saben que “Andy” López Beltrán es un pillo que gracias a los favores de su padre creó un verdadero imperio económico.

Todos saben que la presidenta Sheinbaum solapa “a capa y espada” a la mafia empresarial de “Andy” y que se había negado a que la Fiscalía General investigara a “Andy”, a pesar de las denuncias que en 2023 presentó contra el círculo mafioso la entonces diputada María Elena Pérez-Jaen.

Pero también todos saben que conforme avance el sexenio, será inevitable la ruptura entre el expresidente Obrador y la presidenta Sheinbaum.

Y es inevitable, porque la “señora presidenta” está siendo destruida por la herencia maldita de su mecenas.

¿Y cuál es esa “herencia maldita”?

Todos lo saben; la alianza de Morena con el crimen organizado; una alianza que también es investigada por El Tesoro estadounidense, que ayer mismo anunció sanciones contra 46 personas y empresas vinculadas con los cárteles mexicanos, en especial el de Sinaloa. Y entre los sancionados aparecen mafiosos, políticos y empresarios.

Pero tampoco es novedad que vivimos en inicio del fin de la alianza entre Claudia y AMLO.

Y es que, en el Itinerario Político del 4 de febrero del 2026, titulado “¡Inevitable fractura entre Claudia y AMLO!”, dije que la alianza entre las mafias y Morena, llevarían a la presidenta a romper con su padre político.

Así lo dije: “Los “paleros” del régimen pueden decir misa y sermonear lo que gusten y manden, pero lo cierto es que ya resulta inevitable el divorcio político en el gobierno federal.

“Y es que, al concluir el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum, su gobierno ya no resiste la “herencia maldita” que le dejó López Obrador.

“¿Una herencia mandita? Sí, se trata de un legado que no sólo lo conocen todos en México, sino que lo padecen la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Y si no lo han adivinado, se trata de la alianza de todos los gobiernos del partido oficial, Morena, con el crimen organizado.

“Sí, alianza que, a fuerza de la reiterada impunidad oficial, ya es conocida por el mundo entero, al extremo de convertir a México en un peligro para la comunidad internacional entera.

“Por eso está claro que, si la “señora presidenta” quiere rescatar su gobierno y trascender por decisión propia, hoy resulta obligado romper las cadenas que la someten al legado de López.

“Un legado que ya nadie en el mundo ignora y que muchos cuestionan por el peligro que significa para el mundo entero. 

“Y si aún tienen dudas, basta con repasar la prensa internacional para entender que en todo el mundo se han escrito y publicado artículos de opinión que colocan al gobierno mexicano como el mayor aliado del crimen en el mundo entero. 

“Y frente a las revelaciones en todo el mundo, aparecen las preguntas de rigor: ¿Será capaz la presidenta de romper con su promotor? ¿Será capaz de deslindarse de una herencia que, tarde o temprano la colocará como cómplice de las mafias que someten a México y a los mexicanos?

“¿Quién, en el gobierno de la presidenta se atreverá a decirle que debe romper con López y su claque, si es que quiere salvare la persecución ordenada desde la Casa Blanca, contra las mafias mexicanas?”. (FIN DE LA CITA)

Sí, sólo era cuestión de tiempo. Al tiempo.

ITINERARIO/RICARDO ALEMÁN

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.

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Por Héctor de Mauleón para El Universal
@hdemauleon

La información llegó a TV Azteca desde una fuente del gobierno mexicano. Era la dirección del empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio en Lugano, Suiza. Vía Collina número 20. El dato iba acompañado de la fotografía de un edificio pintado de rojo:

“Aquí está Amílcar. 100% seguro”.

Esto ocurrió hace tres semanas y parecía cuadrar con un dato, proporcionado poco antes por una familia mexicana, que había indicado que Olán tenía a sus hijos en la costosa Scuola Americana de aquella ciudad.

La televisora decidió enviar a un reportero experimentado, Irving Pineda, así como a un camarógrafo (cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad).

El pasado 16 de septiembre, los periodistas arribaron a Lugano, uno de los grandes centros financieros de Suiza. Árboles, autos de alta gama, residencias lujosas rodeadas de colinas y, al fondo, la postal espectacular del Lago de Lugano.

Tuvieron una suerte igual de espectacular porque el primer día localizaron a Amílcar sentado en una banca, en el pequeño parque de su edificio, hablando por su teléfono celular.

Desde la camioneta que habían rentado, Pineda escuchó el fragmento de una conversación en español. Tuvo la impresión de que Olán Aparicio “hablaba como en clave”.

No intentaron abordarlo esa vez. Quisieron confirmar que se trataba de él. Cuando el personaje se metió al edificio pintado de rojo, checaron el buzón. Tenía escrito este nombre: “Jorge Olán Aparicio”.

Aquel 16 de septiembre el empresario tabasqueño no celebró el Grito. No salió a ninguno de los dos restaurantes que se hallan a menos de tres minutos de distancia. De hecho, no hubo más movimiento.”

“Esa sería la constante en los seis días que siguieron: el hombre que tuvo las manos metidas en las grandes obras del sexenio de López Obrador, el beneficiario visible de los millonarios contratos que Andy y Gonzalo López Beltrán, los hijos del expresidente, pusieron en sus manos, el dueño de la empresa acusada de traficar millones de litros de huachicol, vivía escondido, sin pisar la calle, sin salir siquiera al balcón.

Amílcar había desaparecido desde septiembre de 2025 cuando comenzaron las muertes vinculadas con el tráfico ilegal de combustibles y empezaron a estallar los grandes escándalos de corrupción dentro de la cúpula de la Marina.

Cuando trascendió que autoridades habían detectado movimientos por 3 mil millones de pesos enviados precisamente a bancos de Suiza.

Pineda y el camarógrafo montaron guardias en el estacionamiento del edificio de Vía Collina 20, y también desde el parque que rodea una iglesia cercana. Desde ahí, con ayuda de un telefoto, vigilaron desde las seis de la mañana hasta las 10 o las 11 de la noche, la propiedad.

Como muestran las imágenes que obtuvieron, vieron a Amílcar hablar por teléfono, sentarse frente a la computadora, dar vueltas de la cocina a la sala, y de la sala a la recámara.

A lo largo de seis días no pisó la calle. Comedor, computadora, celular, sillón, vueltas y vueltas por el lujoso departamento de 14 mil francos suizos mensuales: más de 350 mil pesos.

Solo sus hijos y una empleada mexicana salían del edificio. Ellos, para ir a la Scuola Americana (un millón y medio de pesos al año por cada alumno), y a ningún sitio más; ella, a tirar la basura, revisar el buzón, y tal vez hacer alguna compra.
A los periodistas les resultó evidente que Amílcar Olán se estaba escondiendo.

¿De quién, si en México no hay orden de aprehensión en su contra? ¿De las agencias de Estados Unidos? ¿O bien de sus antiguos socios, en vista de la “limpia” de marinos y funcionarios involucrados en el tráfico de huachicol que fueron asesinados en los meses anteriores a la salida de México del empresario?

Pineda ha relatado que las cortinas del departamento en el tercer piso se abrían hasta después de las 11 de la mañana y que alrededor de esa hora comenzaba la rutina de Olán. No salió un solo día, ni a caminar, ni a pasear, ni a divertirse ni a hacer ejercicio.

Y desapareció un día después del séptimo día: esa tarde en la que los periodistas lo abordaron y él trató de arrebatarles el teléfono, con el rostro descompuesto.

Esa tarde, luego de que Amílcar los amenazara con llamar a la policía, Pineda y el camarógrafo volvieron a su hotel y, antes de que otra cosa ocurriera, enviaron a México el material que habían obtenido.

Olán Aparicio desocupó el departamento horas después. En algún otro lugar hablará por teléfono, se sentará frente a la computadora, dará vueltas de la cocina a la sala y de la sala a la recámara, escondiéndose.

¿de quién?

Esa es la pregunta.

Cortesía El Universal

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¿Por qué no se incluyó a la gobernadora en la reforma?.

En una sesión legislativa marcada por severas acusaciones de autoritarismo, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó vía fast-track una iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle García.

La medida tiene un objetivo claro: eliminar el fuero constitucional a alcaldes, síndicos y presidentes de concejos municipales.

Con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención, se reformó el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución local.

El Ejecutivo estatal justificó esta decisión bajo la premisa de la urgencia y la eficacia. La narrativa oficial sostiene que la inmunidad municipal se había convertido en un pasaporte hacia la evasión. Como evidencia, señalan los casos recientes de ediles bajo investigación penal que, aprovechando la lentitud del trámite legislativo del desafuero, lograron darse a la fuga. De acuerdo con los defensores de la reforma, eliminar la declaración de procedencia otorgará a la Fiscalía la agilidad procesal necesaria para actuar de forma inmediata frente a delitos graves, sin el lastre de los tiempos burocráticos.

Sin embargo, la lectura de la oposición —integrada por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano— arroja una sombra sobre esta supuesta vocación de justicia. Durante el debate, estas fuerzas políticas exigieron que la eliminación del fuero se ampliara también a la gobernadora, a los secretarios de despacho y a los diputados locales. La respuesta de la mayoría legislativa de Morena fue un rechazo tajante.

Es precisamente en esta negativa donde radica el centro del debate. Para el bloque opositor, mantener este privilegio para las altas esferas del gobierno estatal representa una preocupante falta de equidad legal y una «simulación» que perpetúa la impunidad. Aún más grave es el riesgo que advierten: al despojar de inmunidad exclusivamente a las autoridades municipales, el aparato de justicia podría transformarse en un mecanismo de presión y persecución política contra los ayuntamientos que no se alineen al oficialismo.

Al tratarse de una modificación constitucional local, el futuro de esta medida se traslada ahora al terreno municipal. La iniciativa requiere la ratificación de la mitad más uno de los ayuntamientos —al menos 107 de los 212 cabildos— en un plazo de 60 días para poder ser promulgada.

Al observar el panorama completo, resulta inevitable cuestionar la congruencia de la iniciativa. Si el objetivo genuino es erradicar los privilegios procesales y garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley, la interrogante final resulta tan obligada como reveladora: entonces, ¿por qué no se incluyó a la gobernadora en la reforma?.

Columna de opinión por Alexandro Vazquez Loyo

Director general de Grupo Es Noticia, además de empresario del ramo turístico.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Mercadotecnia por el ITESM.

Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan la postura de este medio de comunicación.