Nacionales
Licitaciones en Secretaría del Bienestar ¿garantizan condiciones equitativas?
La Secretaría del Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel Reyes ha publicado nuevamente un proceso de licitación para la impresión de materiales vinculados a la operación y promoción de programas sociales, generando observaciones dentro del sector participante.
De acuerdo con documentación revisada, el procedimiento presenta características que han sido señaladas en años previos, particularmente en lo relacionado con tiempos, requisitos técnicos y condiciones operativas que podrían incidir en la libre competencia.
El proceso correspondiente a 2026 fue difundido en un horario atípico y en vísperas de un periodo vacacional, lo que, en términos prácticos, reduce la capacidad de análisis y preparación de propuestas por parte de empresas interesadas.
Este tipo de programación ha sido interpretado por participantes como un factor que limita la concurrencia efectiva en el concurso.
Diferentes fuentes han denunciado coordinación previa a las licitaciones entre empresas como Impresores en Offset y Serigrafía S.C. de R.L. de C.V. y personal de la Secretaría del Bienestar.
Lo anterior, con el objetivo de generar condiciones favorables para ciertos participantes en la adjudicación de contratos. Estos contratos superan la cifra de los 516 millones de pesos.
Secretaría del Bienestar y condiciones de participación en licitaciones públicas
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la reducción sistemática de plazos en los últimos años.
La normativa vigente establece que este tipo de ajustes debe justificarse bajo criterios específicos, como casos de fuerza mayor.
Sin embargo, diversos participantes consideran que la recurrencia de estas condiciones abre cuestionamientos sobre su pertinencia.
Adicionalmente, se han identificado omisiones en las bases de la convocatoria, como la falta de detalle en cantidades, especificaciones técnicas completas y destinos de entrega.
Esta ausencia de información dificulta la elaboración de propuestas económicas y técnicas sólidas, lo cual es un elemento clave para garantizar competencia en igualdad de condiciones.
Requisitos técnicos y administrativos bajo análisis
Otro punto relevante es la exigencia de capacidades técnicas específicas, incluyendo equipamiento de alto valor y características que no necesariamente se relacionan directamente con los servicios solicitados.
Este tipo de requerimientos puede interpretarse como una barrera de entrada para proveedores que, aun siendo competitivos, no cumplen con criterios que exceden las necesidades del contrato.
Asimismo, la inclusión de registros administrativos específicos ha generado debate entre participantes, especialmente cuando la naturaleza del servicio no implica subcontratación directa.
En estos casos, la pertinencia del requisito es considerada discutible dentro del marco regulatorio vigente.
Cambios operativos y su impacto en la competencia
Durante el proceso también se han documentado modificaciones en las condiciones de entrega, incluyendo ajustes en las ubicaciones sin especificaciones claras.
Este tipo de cambios introduce incertidumbre logística y puede afectar la viabilidad de las propuestas presentadas.
En conjunto, los elementos observados apuntan a un patrón que diversos participantes consideran recurrente en procesos de la Secretaría del Bienestar.
Más allá de casos particulares, el análisis se centra en la necesidad de fortalecer la transparencia, la claridad en las bases y el cumplimiento estricto de la normatividad para asegurar condiciones equitativas en las licitaciones públicas.
La revisión de estos procesos resulta relevante no solo para los participantes directos, sino también para el fortalecimiento institucional y la confianza en los mecanismos de contratación pública.
Nacionales
[VIDEO] “Asesino y p**nche cobarde”: diputado del PRI confronta a Máynez por crisis del agua en Jalisco
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, encaró a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y lo responsabilizó políticamente por la situación que viven habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana.
La crisis por la calidad del agua en Jalisco llegó este martes 20 de octubre hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y terminó en una confrontación política de alto tono.
“¡Asesino y cobarde!”, le gritó el legislador priista durante el intercambio, de acuerdo con videos y reportes difundidos desde la Cámara de Diputados.
🚨 «Eres un p**nche cobarde», el priista @CarlosGMancilla encaró al coordinador de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis del agua en Jalisco, para reprocharle que por culpa de su partido la gente está muriendo.
Además, arrojó agua puerca al escudo de MC en sus oficinas de la Cámara de Diputados.
Gritos, insultos y una crisis ciudadana convertida en espectáculo político.
— Fernanda Familiar (@qtf) October 20, 2026
Gutiérrez Mancilla acusó además a Máynez de cargar con responsabilidad por las afectaciones provocadas por el suministro de agua en malas condiciones en Jalisco.
El episodio elevó todavía más la confrontación alrededor de una crisis que durante las últimas semanas ha provocado protestas ciudadanas, enfrentamientos, investigaciones contra policías y una disputa abierta sobre las responsabilidades del gobierno de Jalisco.
Diputado del PRI lleva agua sucia a las oficinas de MC
La confrontación no terminó con el intercambio verbal.
Después del encuentro, Gutiérrez Mancilla acudió a las oficinas de Movimiento Ciudadano dentro de la Cámara de Diputados y vació agua sucia sobre el emblema del partido.
El priista aseguró que realizaba la protesta en representación de los habitantes de Jalisco y acusó a dirigentes de MC de esconderse frente a la crisis.
El gesto buscó trasladar simbólicamente a San Lázaro uno de los principales reclamos que se han repetido en Guadalajara: habitantes de distintas colonias han denunciado durante meses recibir agua turbia, con sedimentos y mal olor.
La problemática no comenzó en los últimos días. Reportes periodísticos documentan reclamos por la calidad y suministro del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace varios años.
El tema escaló durante octubre después de que miles de personas salieran a las calles para exigir agua limpia.
La protesta del 11 de octubre terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gas y chorros de agua para contener a manifestantes.
Posteriormente, el gobierno estatal reconoció irregularidades en la actuación policial. La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 elementos que habrían actuado fuera de protocolo y separó a dos policías de sus funciones mientras continúan las investigaciones.
La crisis del agua ya escaló a una disputa nacional
La discusión dejó de ser únicamente un problema local.
Durante los últimos días, dirigentes y legisladores de distintas fuerzas políticas han utilizado la crisis hídrica para cuestionar al gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco y militante de Movimiento Ciudadano.
Incluso dentro de Morena han surgido diferencias sobre cómo abordar el tema.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó sumarse a las exigencias para destituir a Lemus y sostuvo que retirar al gobernador no resolvería el problema estructural del agua.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal, quien pidió abrir canales de diálogo entre los gobiernos federal y estatal.
El Congreso de Jalisco también analiza una propuesta para construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, con una inversión estimada en 11 mil 922 millones de pesos. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por los legisladores locales.
Mientras esa discusión avanza, las protestas han continuado.
El 18 de octubre se realizó una segunda movilización para exigir agua limpia. Durante la jornada, un grupo de personas encapuchadas protagonizó destrozos en edificios públicos, entre ellos el Congreso de Jalisco y el Palacio de Justicia.
Así, una crisis que comenzó con denuncias ciudadanas por agua de mala calidad ya alcanzó al Congreso federal.
Esta vez, la discusión terminó con insultos, acusaciones directas y agua sucia arrojada sobre el símbolo de un partido político.
Nacionales
Chofer de Guadalupe Taddei es apoderado de proveedor investigado del INE
Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades, según un reportaje de Reforma.
La investigación, firmada por Érika Hernández y Rolando Herrera, señala que Navarrete recibió un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al organismo electoral.
Los registros citados indican que fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior un puesto de conductor en Mercedes-Benz.
De acuerdo con el reportaje, no incluyó su representación de Corporativo Zeg en esa declaración. La información publicada no establece por sí misma que haya intervenido en la adjudicación de contratos.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de la empresa?
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf, otra proveedora electoral, mediante el acuerdo 401/2023.
Según documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República, relacionada con posibles delitos que afectaban al sistema financiero.
Durante el litigio, la dependencia argumentó que existían indicios de operaciones con recursos de origen ilícito.
Las compañías obtuvieron resoluciones favorables contra el bloqueo en 2024. Los tribunales analizaron la legalidad de la medida, pero no determinaron si el dinero tenía un origen lícito o ilícito.
El reportaje también identifica como antiguo representante de las empresas a Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE y dejó el cargo en abril de 2026.
La publicación de Sopitas consultada no incluía una respuesta de Taddei o del instituto a los señalamientos.
Nacionales
Salud admite desvío de medicamentos en hospitales públicos
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció abiertamente la existencia de esquemas de desvío y venta ilegal de medicamentos extraídos desde hospitales y centros de salud del sistema público en el país.
El funcionario federal calificó como una práctica “dolorosa” que a pacientes y familiares se les niegue la entrega de insumos médicos dentro de las unidades de salud bajo el argumento de desabasto, para posteriormente ofrecérselos en venta en los alrededores de las mismas instalaciones.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle… de desvío de medicamentos, desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, precisó el subsecretario.
Clark enfatizó que la sustracción irregular incluye piezas con la leyenda explícita de propiedad exclusiva del Sector Salud y aclaró que no se trata de una conducta generalizada entre el personal médico.
Estrategia para erradicar el tráfico de fármacos
Para acotar el margen de maniobra de quienes incurren en este delito y frenar la fuga de insumos esenciales, la Secretaría de Salud implementa dos ejes de acción inmediatos:
- Identificación visual directa: Marcaje visible en los empaques con la leyenda “La Salud es un derecho. Medicamento gratuito”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre su prohibición de venta.
- Transformación y trazabilidad digital: Implementación de un sistema informático de rastreo integral para medicamentos de alto costo. Esta plataforma permitirá monitorear la cadena de custodia desde el almacén central hasta la entrega final al paciente, registrando el expediente del receptor y la justificación médica del suministro.
“Tenemos que ir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos que están en hospitales y centros de salud no se desvían de ahí, más que cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, afirmó Clark.
Compra masiva de 6 mil millones de piezas para el periodo 2027-2028
Como parte de la estrategia para garantizar el abasto continuo en el sistema nacional de salud, el subsecretario anunció la proyección de adquisición de insumos médicos para los próximos años.
El Gobierno Federal contempla la compra de aproximadamente 6 mil millones de piezas de todo tipo de medicamentos y material de curación para el ejercicio 2027 y 2028. Este volumen abarca desde insumos básicos de consulta general hasta tratamientos especializados de fármacos destinados a hospitales de alta especialidad y unidades de primer nivel.
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