La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una nueva vinculación a proceso contra el exgobernador veracruzano por el presunto desvío de 5 millones de pesos.

Este monto, originalmente destinado al sector salud, representa una de las múltiples acusaciones que mantienen a Javier Duarte bajo vigilancia judicial. Tras una audiencia de más de 10 horas en el Reclusorio Norte, un juez de control impuso la medida de prisión preventiva justificada. Por consiguiente, el exmandatario no podrá recuperar su libertad en abril, como se tenía previsto originalmente por sus condenas previas.

Detalles del presunto desvío de recursos

La investigación federal señala que el dinero fue transferido inicialmente por la Tesorería de la Federación al gobierno del estado. No obstante, los fondos fueron redirigidos para cubrir nóminas y otros compromisos financieros internos de la administración estatal. La FGR sostiene que Javier Duarte firmó un decreto en diciembre de 2011 que permitió el uso irregular de estos recursos etiquetados para personas vulnerables. Según la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, los datos de prueba presentados resultaron contundentes para iniciar esta nueva etapa procesal.

A pesar de los argumentos de la defensa, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Durante este periodo, ambas partes deberán aportar pruebas adicionales sobre la gestión de las aportaciones federales durante el mandato de Duarte. Por lo tanto, el proceso penal continuará evaluando si las decisiones administrativas violaron las leyes de presupuesto y gasto público vigentes en aquel periodo.

Argumentos de la defensa y situación jurídica

Los abogados de Javier Duarte cuestionaron la validez de los testimonios y aseguraron que el delito ya ha prescrito legalmente. De igual manera, afirmaron que los recursos utilizados eran de «libre disposición» y no fondos federales con destino específico. Sin embargo, el juez desestimó estas peticiones de sobreseimiento y determinó que la vigencia del delito se extiende hasta agosto del presente año. Por este motivo, la defensa analiza presentar una queja formal ante el Tribunal de Disciplina Judicial por el desempeño del juzgador.

Finalmente, es importante recordar que el exgobernador ya cumple una condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero. Este nuevo expediente por peculado podría sumar hasta 14 años adicionales a su permanencia en prisión si recibe una sentencia condenatoria. En conclusión, la situación legal del político veracruzano se complica ante la aparición de nuevas pruebas sobre el manejo de las finanzas públicas durante su gestión.