Siguen las afectaciones a los productores nacionales debido a los aranceles injustos, como los calificó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, esta semana el jitomate se vio afectado por estos cobros, que particularmente obedecen a intereses políticos electorales en Estados Unidos.

Lo positivo es que el gobierno ya busca la manera de resolver el problema con el arancel de 17.5 % a las exportaciones de jitomate vigente desde mayo pasado y por lo que la Confederación Nacional de Productores Rurales pidió la intervención de AMLO pues los productores sienten el agua hasta el cuello. Especificaron incluso que se tendría un daño económico por hasta 350 millones de dólares al año.

Aunque hay quien dice que este impuesto es justo, para los productores no lo es ni tantito, porque sigue siendo parte de un acuerdo inequitativo, el T-MEC, por el que ahora se acusa de “dumping” (supuestos subsidios gubernamentales) a las exportaciones de esta fruta y por lo mismo Estados Unidos exige “pagos por derechos compensatorios provisionales”, al igual que sucede con el acero mexicano. Cabe resaltar que las leyes en materia de derechos antidumping y compensatorios que otorgan a las empresas y trabajadores estadounidenses es un mecanismo avalado internacionalmente para paliar posibles efectos dañinos de los precios injustos de las importaciones en EE.UU.

Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la CNPR, destacó que “en el campo vemos con preocupación que temas con la importancia del jitomate, sólo por señalar un producto que además es el segundo perecedero de mayor valor en las exportaciones de México, no se les dé atención por parte de las autoridades respectivas de México”. Estos pagos no se han analizado lo suficiente con autoridades norteamericanas ni con las organizaciones de productores de jitomate de EEUU,  particularmente de Florida, debido a una suspensión temporal que dispuso su gobierno, pero ahora resurge el tema.

El impacto, señaló Orihuela Estefan, será también para trabajadores de 17 entidades mexicanas, con un total de 1.4 millones de empleos directos, de los cuales más de un millón corresponden a la planta industrial y a empresas alimentadoras de insumos y servicios, y alrededor de 400 mil se refieren a jornaleros agrícolas.

En México se presentó una sobreoferta de jitomate y por lo tanto los precios se desplomaron al punto de que nadie gana, porque los costos de producción y el precio del mercado se igualan, no representa ganancia para los productores.

El presidente López Obrador se ha mostrado entusiasta en que resolverán este tema con el gobierno de Donald Trump, porque, dice, tienen excelente relación, pero ¿qué le irá a pedir el mandatario estadunidense? Además, sostuvo que esto nada tiene que ver con el T-MEC, pero tendría, porque si es cierto que recientemente se hicieron negociaciones para los acuerdos entre Canadá, Estados Unidos y México, y este cobro viene desde mayo, debió incluirse en las pláticas, prácticamente se abandonaron los temas del también nombrado tomate rojo y el acero.

Desde que se impuso este cobro, las exportaciones de jitomate cayeron hasta 30 %, comentó Manuel Cázares Castro, vicepresidente del Sistema Nacional Producto Tomate, en entrevista con La Jornada. Los precios de la variedad saladette van desde los dos pesos por kilo en la zona norte del país, muy por debajo de los costos de producción que oscilas entre los 5 y 10 pesos por kilo.

La producción tomatera en México ocupa 53 mil hectáreas. Hay unas 600 empresas que cuentan con 80 mil trabajadores permanentes y otros 380 mil eventuales exportaron el año pasado un millón 700 mil toneladas, casi la mitad respecto a la producción nacional, con un valor de 2 mil 300 millones de dólares. Las cifras duplican en volumen y triplican en valor las exportaciones del tomate mexicano que se realizaron desde 1996, cuando se suspendió la investigación antidumping que hace unos meses fue reactivada por petición de productores de Florida y legisladores estadunidenses.

El veredicto de la investigación antidumping se dará a conocer hasta septiembre de este año, por lo pronto, señaló Manuel Cázares, se interpuso una segunda solicitud de amparo ante tribunales de Estados Unidos, (que ya rechazaron la primera), para pedir que no se cobre el arancel del 17.5 por ciento mientras dura la investigación. Mientras tanto los productores analizan si optar por otro producto porque la producción de tomate rojo ya no deja.

 

Fuente: Agencias

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}