Senado avala castigar defraudación fiscal como delito de seguridad nacional; aplica prisión oficiosa y hasta 8 años de cárcel a quienes expidan comprobantes de operaciones inexistentes

El Senado aprobó reformas a cinco ordenamientos para combatir la facturación falsa y las empresas fantasma, que equipara con delincuencia organizada y prevé elevar prisión preventiva de cinco a ocho años.

Con la mayoría de Morena y sus aliados, el Pleno avaló en lo general y lo particular las modificaciones a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.

Durante casi siete horas de debate sobre las reformas legales, la oposición advirtió que con dichos cambios se incurre en terrorismo fiscal.

El panista Damián Zepeda señaló que se restringen las garantías individuales y que con la prisión preventiva oficiosa parecería que hasta la ONU está en contra de la Cuarta Transformación, porque también rechaza este tipo de medidas.

En tanto, la secretaria de la Comisión de Hacienda, Minerva Hernández, dijo que esta reforma sólo tiene un fin recaudatorio “porque las cifras no les están cuadrando (al Gobierno), porque necesitan dinero de manera urgente; porque este gobierno quiere más recursos para su Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, para Santa Lucía o Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyos datos son improbables e inverificables, atacando a los contribuyentes con acciones que constituyen terrorismo fiscal”, manifestó; voz a la que se sumaron las senadoras Xóchitl Gálvez y Nuvia Mayorga.

En el mismo sentido se expresó el coordinador del PRD, Miguel Mancera, quien dijo que ni el uso de facturas falsas y la defraudación fiscal ameritan ser considerados delincuencia organizada.

Al respecto, la morenista Lucía Trasviña defendió la modificación y señaló: “lo siento por quienes tuvieron y ejercieron el poder, quienes fueron cómplices de esas empresas fantasma y que se les está yendo el gran negocio”.

En tanto, Samuel García (MC) señaló que esto no debe servir para ir en contra del ciudadano común, por lo que advirtió el tema debe ser corregido por la Corte.

Ante el reclamo de opositores, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, propuso establecer un parámetro de punibilidad en la adquisición, expedición, compra, venta o enajenación dolosa de comprobantes fiscales: “que hasta ocho millones de pesos se considere al pequeño contribuyente y a ese universo que tengan anualmente entre ocho millones de facturas no les afecte”.

Fuente: Agencias

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